Por las calles de la capital del Alto Paraná, la vulnerabilidad tiene rostro de niño. Entre el humo de los motores y el desdén institucional, decenas de menores indígenas sobreviven en un estado de abandono absoluto, mientras las autoridades responsables mantienen la mirada fija en el pavimento. Las frías veredas son la única cama que tienen. No hay dinero para ellos, pero sí hay dinero para jineteadas, para farras. Un drama social que es ignorado por quienes deberían asistirlo.
No es un paisaje nuevo, pero no por ello es menos doloroso. En las veredas de los principales centros comerciales, a la entrada de supermercados y en las esquinas de los minimercados, la escena se repite como un bucle infinito: niños y niñas de comunidades indígenas deambulando entre los transeúntes, extendiendo la mano en busca de una moneda o un trozo de pan.
Una infancia bajo efectos del olvido
La situación es crítica. Muchos de estos menores muestran signos evidentes de estar bajo los efectos de sustancias alucinógenas (pegamento o solventes), una vía de escape desesperada para mitigar el hambre y el frío de la calle. Detrás de ellos, la sombra de la explotación es alargada: adultos, en muchos casos sus propios padres o tutores, los utilizan como herramientas de recaudación, exponiéndolos a los peligros del tráfico y la intemperie urbana.
El vacío institucional: Nombres con responsabilidad
Lo más alarmante de esta tragedia social no es solo su visibilidad, sino la indiferencia sistémica de quienes tienen el deber legal de intervenir. La lista de instituciones ausentes es larga y abarca todos los niveles del Estado:
Municipalidad de Ciudad del Este: Bajo la administración del intendente Dani Pereira Mujica, la comuna parece haber normalizado la presencia de niños en situación de calle como parte del mobiliario urbano, sin ejecutar programas de contención efectivos.
Gobernación de Alto Paraná: La gestión de César «Landy» Torres no ha logrado articular una política regional que aborde la raíz del desplazamiento indígena hacia la urbe.
MINNA e INDI: La Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) brilla por su ausencia en el terreno, mientras que el Instituto Nacional del Indígena (INDI) es, para los afectados en la zona, una entidad que «literalmente no existe», careciendo de oficinas o personal operativo con capacidad de respuesta inmediata.
«Este grave problema social está a la vista de todos, pero nadie reacciona. Es una ceguera colectiva ante una situación lamentable que hipoteca el futuro de estos niños», señalan ciudadanos que diariamente son testigos de la precariedad.
Un llamado a la acción
Mientras las instituciones se pasan la responsabilidad de una oficina a otra, la realidad en las veredas sigue siendo la misma. La falta de un refugio seguro, la ausencia de programas de reinserción en sus comunidades de origen y la falta de persecución penal contra quienes explotan a estos menores convierten a Ciudad del Este en un escenario de abandono estatal crónico.
La pregunta sigue en el aire: ¿Cuántos niños más deben perderse en los efectos de los alucinógenos para que las autoridades dejen de mirar hacia otro lado?
