El ex tesorero del Consejo Local de Salud (CLS) de Ciudad del Este, Salem Esgaib Zugaib, confesó que sí robaron el dinero del pueblo en el Consejo junto a Miguel Prieto Vallejos, ex intendente destituido por corrupto; y el diputado Walter García, ex presidente del CLS. Salem Esgaib es conocido activista social y era amigo personal de Prieto, quien lo puso como tesorero. Pero él mismo, ante las contundencias de las evidencias de los robos en el CLS, decidió confesar todo y devolver parte del dinero que desviaron en la ejecución de obras donde hubo un daño patrimonial superior a los 750 millones de guaraníes.
La investigación de la fiscalía reveló que en solo uno de los casos del CLS existe un desvío de G. 757.166.276 destinados a obras en el Hospital Regional de Ciudad del Este.
Agobiados por las evidencias, el extesorero del Consejo Local de Salud, Salem Esgaib Zugaib, uno de los investigados, admitió su participación en el esquema de robo y, de paso, confesó todo, dando información clave que entregó al Ministerio Público sobre el esquema que tenía el exintendente Prieto.
Esto fortaleció significativamente la causa y colocó nuevamente bajo una intensa presión judicial al destituido intendente Miguel Prieto y al actual diputado Walter García.
INFORMACIÓN REVELÓ DETALLES DEL ESQUEMA DE ROBO DEL CLAN PRIETO
Fuentes vinculadas al proceso sostienen que la información proporcionada por Salem Esgaib permitió a los investigadores reconstruir con mayor precisión el circuito seguido por el dinero y comprender la mecánica utilizada en la ejecución de los desembolsos de los millonarios fondos públicos y su posterior desvío.
Ese aporte representa uno de los elementos probatorios de mayor peso incorporados recientemente a la carpeta fiscal, al punto de fortalecer la hipótesis sostenida por el Ministerio Público respecto a un presunto esquema de desfalco.
LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
Fiscalía aplicó suspensión condicional del procedimiento para extesorero de Consejo Local de Salud de Hospital Regional
El Ministerio Público solicitó la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento para el extesorero del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este (CDE), en el marco de la causa abierta por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza que habría ocasionado un perjuicio de más de 757 millones de guaraníes a las arcas de la municipalidad esteña durante la gestión de Miguel Prieto Vallejos.
El procesado prestó una colaboración efectiva con las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía en este caso, dando información relevante para el avance de las pesquisas.
La Fiscalía pidió que el imputado entregue al contado 50 millones de guaraníes, o el monto que el juzgado considere pertinente en concepto de reparación del daño social causado, a ser destinado al lugar a ser dispuesto por el magistrado interviniente, entre otras reglas de conducta.
Según las investigaciones desarrolladas por los fiscales Silvio Corbeta y Verónica Valdez, la suma de G. 757.166.276 millones fue el resultante de las diferencias entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo efectivamente construido o ejecutado por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M, por obras realizadas dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
Esta situación se habría dado a través de la concesión de aportes ordenados por el investigado intendente, quien en ese periodo habría dispuesto, a través de resoluciones, diez transferencias a favor del Consejo Local del Hospital Regional, de las cuales una parte importante de estos aportes habría sido utilizada para inversión física y edilicia en otras realizadas dentro del centro médico.
Según las pesquisas, ninguna de las inversiones físicas realizadas por el Consejo de Salud Local había sido controlada por la Intendencia de Ciudad del Este a través de los fiscalizadores de obras, como debió acontecer.
PÉRDIDA DE INVESTIDURA YA
Uno de los imputados en la causa es el diputado Walter García, quien, por el momento, goza de inmunidad parlamentaria de la que goza como legislador. En ese sentido, el juez Otazú remitió los antecedentes a la Cámara de Diputados para que se active el procedimiento constitucional correspondiente para su pérdida de investidura.
Conforme a los datos, en el Congreso Nacional ya existiría la cantidad de votos necesarios para despojarle al parlamentario de su inmunidad, de tal forma que se someta al proceso en igualdad de condiciones con los demás imputados.
El juez Humberto Otazú admitió la nueva imputación contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y contra otros 10 presuntos cómplices, entre los cuales está el diputado Walter García. Respecto al parlamentario, se resolvió comunicar a la Cámara Baja el pedido de desafuero.
