Mostrando desespero y cayendo en incoherencias, el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, destituido por corrupto, por fin está siendo sometido a la Justicia. Mientras los documentos, sí los documentos, muestran que el mismo armó varios esquemas de corrupción dentro de la administración municipal, trata de decir que todo no pasa de una persecución política, pero sin embargo, más de 45 denuncias por hechos punibles en su contra están cajoneadas en el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia le permite chicanear y litigar de mala fe. Prieto asegura que va a “masacrar” a la fiscalía en el juicio, pero se niega a ser juzgado porque sabe que las evidencias en su contra son contundentes y puede ser condenado a 10 años de cárcel.
Tras el inicio de su audiencia preliminar en el caso «Tajy», el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, aseguró que la Fiscalía es un «desastre», pero se cuidó de no mencionar al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien le protege; y que sustenta una acusación en su contra con documentos administrativos. Admite que hay documentos que demuestran los hechos denunciados.
Aseguró que las mercaderías se entregaron desde el municipio y que tienen la documentación respaldatoria.
«Si existe justicia y sentido común, hoy tienen que sobreseerme, y hoy la Fiscalía tiene que pedirme disculpas y hoy tienen que entregarme una medalla por ser un excelente gobernante». Las palabras muestran su soberbia, pero con connotación clara de desespero.
Por otro lado, sostuvo que el Ministerio Público no tiene elementos para sostener el proceso y que la «masacrarán» en caso de que la causa llegue a juicio oral y público. Calificó de «nefasta» la actuación fiscal y señaló que actúan bajo presión del vicepresidente Pedro Alliana.
La incoherencia, florando. Si tiene suficientes elementos para demostrar su inocencia, y que va a “masacrar”, porque tiene miedo a ser juzgado. Tiene miedo porque sabe que las evidencias son contundentes, y que puede ser condenado a 10 años de cárcel.
Prieto quiere que se lo deje libre solo porque él dice que es perseguido político y que entregó las mercancías, pero esto cualquiera puede decir. Deberá demostrar con documentos. El propio dueño de Tajy, Buenaventura Morinigo, dijo que nunca vendió nada a Prieto, ni a la comuna de Ciudad del Este. El mismo era un albañil, y ya está descansando en la Paz del Señor.
Para el fiscal Silvio Corbeta existen elementos para enjuiciar al exintendente de Ciudad del Este por lesión de confianza y otros hechos que causaron un perjuicio patrimonial de G. 306 millones en 2020, durante su gestión al frente del municipio esteño. Por su parte, el acusado asegura que la causa actual, como las demás existentes en su contra, son impulsadas a efectos de debilitar su proyección política dentro de la oposición.
Ante el juez Humberto Otazú inició la audiencia preliminar, ocasión en que los fiscales Silvio Corbeta y Yeimy Adle ratificaron la acusación, señalando a Prieto como la cabeza de un grupo de funcionarios organizados para la comisión de delitos de corrupción.
Prieto tenía la calidad de ordenador de gastos y, entre el mes de marzo y junio de 2020, convocó, promovió y pagó por una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para producción de panificados para familias de escasos recursos.
Ahí se produce este perjuicio a través de la conducta del intendente y los demás coacusados por un valor de 306 millones de guaraníes a través del pago realizado a la empresa Tajy Servicios Generales, perteneciente a Buenaventura Morinigo. “Debido o en razón de que el Ministerio Público constató que estas mercaderías que fueron objeto de los contratos nunca se proveyeron”, afirmó Corbeta.
Por otra parte, los fiscales solicitaron el sobreseimiento definitivo de Richard Ayala y provisional para Sabino Peralta.
PLANTEAMIENTOS DE LA DEFENSA
Tanto la defensa de Miguel Prieto como otros coprocesados plantean incidente de revisión y cambio de calificación para excluir el tipo penal de administración en provecho propio.
Apuntó que los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio se excluyen mutuamente. En esa línea, planteó una excepción de incompetencia material y territorial del juzgado especializado, en caso de que se haga lugar al cambio de calificación.
Por otro lado, pidió el sobreseimiento provisional a favor de sus defendidos, con el objetivo de que la Fiscalía lleve a cabo la constitución en la planta de procesamiento de alimentos de la firma, así como el pedido de informe sobre la nómina de empleados que trabajaron en el lugar en el año 2020, entre otras diligencias.
BUSCAN DEBILITAR SU CAMPAÑA
Tras la finalización de la primera jornada, Prieto insistió en que el presente proceso judicial tiene como estrategia el debilitamiento económico y anímico, teniendo en cuenta sus aspiraciones políticas.
“Nosotros vamos a seguir peleando y, en un segundo orden de cosas, mi abogado demostró la ineptitud de la fiscalía al no allanar la planta de producción de alimentos y al demostrar que la empresa que terminó vendiéndole a la municipalidad los insumos para la planta, efectivamente tenía esas materias primas en stock y en eso se basa la fiscalía”.
“Yo recuerdo muy bien que se entregaron; yo estuve el día que se entregaron la harina y todas las materias primas, yo también estuve entregando los panes durante la pandemia, o sea, y la fiscalía hoy quiere decir que esos hechos nunca ocurrieron y quieren juzgarme acá en la capital.”
