La cuarta imputación criminal contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, destituido por corrupto, y su pandilla, fue admitida por la Justicia. Con esto, la concejal rastrera, Valeria Romero, está procesada; y el concejal rastrero, Sebastián Martínez, suma su tercera imputación por corrupción y sigue impune. En este expediente igualmente están imputados dos proveedores; uno de ellos es el operador político de Prieto, Fredy Guzman Martínez.
El juez Humberto Otazú admitió la nueva imputación contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y contra otros 10 presuntos cómplices, entre los cuales está el diputado Walter García. Respecto al parlamentario, se resolvió comunicar a la Cámara Baja el pedido de desafuero.
Se fijó para los días 06 y 07 de abril la audiencia de imposición de medidas en relación a los procesados. En la causa, el Ministerio Público refiere que los imputados causaron un perjuicio patrimonial de Gs. 757.166.276 por el pago irregular de obras dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este.
Los acusados en esta causa son Miguel Prieto, Sebastián Martínez, Sonia Barrios Ramírez, Walter García Méndez, Salem Esgaib Zugaib, Lucía Lisboa de Torales, Valeria Fabiana Romero, Hugo Benítez Vázquez, Karen González Vergara, Fredy Guzmán Martínez y Cinthia Alen Guerrero.
Según la imputación, Miguel Prieto, en su carácter de ordenador de gastos del patrimonio municipal de Ciudad del Este, habría ocasionado un perjuicio económico aproximado de Gs. 757.166.276 a la Municipalidad de Ciudad del Este entre diciembre del año 2019 y agosto del 2022. El supuesto daño patrimonial surgiría de diferencias entre los montos abonados por el Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este y las obras efectivamente ejecutadas por las empresas SERVMAQ y M&M Constructora en el Hospital Regional de Ciudad del Este.
De acuerdo con la investigación fiscal, el entonces intendente habría autorizado diez transferencias de fondos al Consejo Local de Salud mediante resoluciones municipales. Parte de esos recursos habría sido destinada a obras de infraestructura y refacciones dentro del hospital.
La Fiscalía sostiene que dichas transferencias se habrían realizado sin designación de fiscalizador de obras, sin dictámenes técnicos que certificaran la ejecución de los trabajos y sin una planificación previa, lo que, según el Ministerio Público, contravendría los procedimientos y mecanismos de control previstos para el uso de fondos públicos, especialmente cuando se trata de inversiones físicas.
