Sin duda, es muy llamativo que a integrantes de la gavilla de Miguel Prieto Vallejos, exintendente de Ciudad del Este, destituido por corrupto, ahora les haya picado el bicho del remordimiento. Fredy Guzmán Martínez Báez, conocido operador político y socio de negociados de Prieto, es uno de los arrepentidos; pero sigue operando con el Clan Prieto. Sonia Raquel Barrios Ramírez es otra de las arrepentidas, pero sigue siendo funcionaria municipal y operadora política del Clan Prieto. Estos dos se suman a otros para quienes admitieron los hechos de robo en el Consejo Local de Salud, y se les dio salida procesal alternativa. Al declararse culpables, dejan sin chance de defensa a los principales acusados, que son Miguel Prieto, el diputado Walter García, quien debe ser desaforado; y la concejal rastrera, Valeria Romero.
Anteriormente, se arrepintió y confesó los hechos de corrupción Karen Elizabeth González Vergara, quien manejaba la plata en el Consejo, junto a la concejal rastrera, Valeria Romero.
Miguel Prieto y Karen González Vergara.
Karen ocupaba el cargo de directora de Gestión Ambiental, y era una de las “mimadas” de Prieto, y al parecer lo sigue siendo, porque la misma sigue ocupando un cargo de relevancia y con un sueldo millonario en la comuna.
La misma es actualmente la secretaria privada del intendente interino, Pedro Acuña, el cuñado recaudador de Prieto.
Ahora quien se arrepintió es Sonia Barrios, quien ya fue directora de Desarrollo Social, y ahora es directora de Transporte Público, conocida operadora política del Clan Prieto.
Estos confesaron y teóricamente hunden a Prieto, al diputado Walter García y a la concejal rastrera, Valeria Romero, en el caso de robo en el Consejo Local de Salud, pero siguen siendo parte de la estructura del Clan Prieto.
Fredy Guzmán Martínez Báez,
Fredy Guzmán Martínez Báez es un conocido operador político de primera hora de Prieto. Armó la empresa ServMaq, y comenzó a facturar como loco a la institución municipal.
Todos los años desde 2019, se le adjudican sumas superiores a los 2.000 millones de guaraníes por alquiler de chatarras.
Después comenzó a ser usada para construir obras millonarias, pero todas cuestionadas, entre ellas la del Pabellón de Contingencia, que estuvo sobrefacturado.
Y otras obras a través del Consejo Local de Salud.
Inclusive ServMaq fue usado por el grupo de concejales departamentales rastreros de Yo Creo, rastreros del gobernador colorado-cartista, César Landy Torres, para ejecutar obras financiadas con dinero de la Gobernación de Alto Paraná.
Sin duda, todo esto es muy llamativo.
Esto es lo que informó la fiscalía en relación a los dos nuevos arrepentidos, que no hay dudas desde el punto de vista jurídico hunden a Prieto, pero siguen facturando en la comuna de Ciudad del Este.
El Ministerio Público solicitó la abreviación del plazo de investigación y la suspensión condicional del procedimiento para otros dos procesados en el marco de la causa que investiga un presunto perjuicio patrimonial durante la administración del exintendente Miguel Prieto.
Los encausados reconocieron los hechos que se les atribuyen y brindaron una colaboración efectiva con la investigación, circunstancia que fue valorada positivamente por la Fiscalía al requerir la aplicación de esta salida procesal alternativa.
La solicitud se enmarca en la causa abierta por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, que habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 757 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este durante la gestión de Prieto.
El pedido actual del Ministerio Público comprende a Fredy Guzmán Martínez Báez y Sonia Raquel Barrios Ramírez; al primero se le atribuye que, como proveedor del Consejo de Salud, bajo la gestión del Intendente Miguel Prieto Vallejos, su empresa denominada SERVMAQ habría sido beneficiada con recursos municipales, mientras que la segunda, en su carácter de Directora de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este, entre el 28 de diciembre del 2021 y el 30 de diciembre del 2021, habría solicitado a la Municipalidad de Ciudad del Este transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este.
De esta manera, totalizan seis de los once imputados en la causa. Los integrantes del Consejo Local de Salud que accedieron o fueron propuestos para salidas alternativas al proceso tras colaborar con el Ministerio Público. Anteriormente, el extesorero del organismo, Salem Esgaib Zugaib, ya había sido beneficiado con una medida similar.
Anteriormente, accedieron a la suspensión condicional Hugo Benítez Vázquez, entonces vicepresidente de la comisión directiva del Consejo Local de Salud; Lucía Elizabeth Lisboa de Torales, quien se desempeñaba como secretaria; y Karen Elizabeth González Vergara, miembro suplente de la comisión directiva del mismo organismo.
De acuerdo con la investigación fiscal, el perjuicio patrimonial asciende a G. 757.166.276, monto que corresponde a la diferencia entre los pagos efectuados por el Consejo Local de Salud y el valor de las obras efectivamente ejecutadas por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M. Los trabajos fueron realizados en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022. (sic)
