Existe escepticismo. Pero se fijó el día y la hora para que termine la impunidad de Miguel Prieto Vallejos, exintendente de Ciudad del Este, destituido por corrupto. Irá a juicio oral y público por el escandaloso robo de la plata que debía ser para comprar alimentos para familias pobres en plena pandemia. Las evidencias son contundentes contra Prieto y su gavilla, entre ellos el concejal rastrero, Sebastián Martínez; y Emili Vanesa Florentín, expareja de Prieto, quien luego de conocerse el caso fue contratada como planillera en la comuna esteña.
El Tribunal de Sentencia recalendarizó el inicio del juzgamiento público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, destituido por corrupto en 2025, y otros diez procesados por presunta lesión de confianza y asociación criminal durante la pandemia.
El Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel fijó oficialmente para el próximo 31 de agosto de 2026, a las 08:00 horas, el inicio del juicio oral y público al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y a otros diez acusados en el marco del proceso penal conocido popularmente como el caso «Tía Chela».
La reprogramación de la fecha se dispuso a solicitud del fiscal de la causa, Silvio Corbeta, ratificando la elevación a juicio dispuesta en primera instancia por el juez especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, y confirmada posteriormente por el Tribunal de Apelaciones.
LOS HECHOS: COMPRAS SIMULADAS EN PLENA EMERGENCIA SANITARIA
El expediente judicial se remonta al año 2020, durante los meses más críticos de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Según la acusación sostenida por el Ministerio Público, la Municipalidad de Ciudad del Este adjudicó de forma presuntamente irregular la compra de 25.000 kits de alimentos destinados a familias de escasos recursos y comedores comunitarios.
La proveedora adjudicada fue la despensa barrial Tía Chela S.R.L., ubicada en el Área 4; después de la venta cerró sus puertas.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, la licitación habría sido manipulada para simular un proceso de adquisición en el que la firma no contaba con la capacidad ni la disponibilidad real de insumos para cumplir con la entrega en los plazos declarados.
El Ministerio Público sostiene que se estructuró un esquema para desviar fondos municipales, generando un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130 millones a las arcas de la comuna esteña. Por estos hechos, Prieto y los demás procesados enfrentan cargos por lesión de confianza y asociación criminal.
La Fiscalía sostiene que, bajo la administración de Prieto, la compra se concretó en abril del 2020 por vía de la excepción de forma amañada. Esta adjudicación benefició a la empresa Tía Chela S.R.L. y generó un perjuicio patrimonial de 2. 300 millones a la Comuna Esteña.
IMPUTADOS: LA GAVILLA DEL CLAN PRIETO
Sebastián Martínez Insfran: exdirector de Desarrollo Social, actual concejal rastrero. Fue procesado en otros dos casos de robo al pueblo de Ciudad del Este.
Maggi Elizabeth Fariña Almada: excoordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones.
José Feliz Cáceres Galeano, exjefe de Desarrollo Comunitario.
Francisco Arrúa Álvarez, abogado que estuvo como director de Administración y Finanzas. Sigue como funcionario de la comuna.
Julián Benítez Gamarra, exjefe de Almacenes. Conocido exsindicalista patotero que causó enormes daños a la institución y a la ciudad.
Higinio Ramón Acuña, exjefe de Adquisición y Suministros.
Cirle Alcaraz Ramírez, exencargada de Órdenes de Pago.
Nelson Segovia Acevedo, ex tesorero, denunciado por la propia institución municipal por desvío de dinero público.
Fermín Avalos Britos, propietario de Tía Chela S.R.L.
Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi S.A., ex pareja de Prieto y actual planillera en la comuna esteña.
ANTECEDENTES Y PROCESO JUDICIAL
La imputación y acusación (2023 – 2024): Los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción imputaron y posteriormente presentaron acusación formal solicitando la elevación del caso a juicio oral, argumentando la existencia de pruebas documentales y testimoniales que respaldan la hipótesis del desvío de fondos.
Elevación a juicio oral: En la audiencia preliminar, el juez Humberto Otazú dio luz verde al pedido del Ministerio Público. La defensa del exjefe municipal planteó diversos recursos de apelación buscando la nulidad de la causa.
Confirmación en segunda instancia (2026): El Tribunal de Apelaciones rechazó las chicanas y planteamientos defensivos, ratificando que el caso debía dirimirse en un juzgamiento público.
Fijación de fecha: El Tribunal de Sentencia dejó firme el arranque del debate público para la mañana del 31 de agosto.
