Los diputados Santiago Benítez (ANR-Amambay) y Juan Manuel Acevedo (PLRA-Amambay) presentaron un proyecto de ley que busca establecer límites a la permanencia de menores de 18 años en eventos y espacios de ocio nocturno en todo el territorio nacional, con el objetivo de reforzar su protección ante situaciones de riesgo.
La iniciativa, denominada “Que regula la permanencia de menores de edad en eventos y establece su protección en espacios de ocio nocturno”, plantea la prohibición de la presencia de niños y adolescentes en fiestas realizadas en bares, discotecas, locales nocturnos y establecimientos similares destinados al público adulto.
Según la exposición de motivos, la propuesta surge ante el aumento de la participación de menores en fiestas y reuniones que se extienden hasta altas horas de la madrugada, lo que —según los proyectistas— los expone a situaciones que pueden afectar su integridad física, psicológica y moral.
Entre los riesgos mencionados se incluyen el consumo temprano de alcohol y otras sustancias, hechos de violencia, abuso, negligencia, explotación y accidentes de tránsito. En ese sentido, los legisladores señalan que el Estado, la familia y la sociedad comparten la responsabilidad de garantizar entornos seguros para el desarrollo de la niñez y la adolescencia, en el marco del principio del interés superior del niño.
El proyecto también establece regulaciones para actividades recreativas organizadas por instituciones educativas, que no podrán extenderse más allá de las 02:00 de la madrugada, con el fin de preservar el descanso y hábitos saludables de los estudiantes.
Asimismo, contempla excepciones para eventos culturales y artísticos, como conciertos o espectáculos públicos, en los cuales los menores podrán participar siempre que estén acompañados por sus padres, tutores o adultos responsables debidamente autorizados.
Los impulsores sostienen que la propuesta no busca restringir la recreación ni la participación cultural de los jóvenes, sino establecer condiciones más seguras para su desarrollo.
La autoridad de aplicación sería el Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio Público, la Policía Nacional y las municipalidades. El proyecto se encuentra en etapa de análisis en el Congreso Nacional.
