Durante una entrevista televisiva, el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, destituido por corrupto, reveló que mantiene conversaciones «a escondidas» con los magistrados y fiscales a cargo de sus procesos. Pese a intentar corregir sus dichos en el mismo programa, el hecho genera un fuerte cuestionamiento sobre la independencia de la justicia. Existen claros indicios de que desde la Corte Suprema de Justicia y desde la Fiscal General del Estado protegen a Prieto y su pandilla.
VEAN Y ESCUCHEN LO QUE DICE PRIETO.
Encendió las alarmas en el ámbito jurídico y político al admitir públicamente que mantiene conversaciones a escondidas con fiscales y jueces vinculados a los procesos penales en su contra. Las declaraciones fueron realizadas por el exintendente Prieto, destituido por corrupto, durante el programa Políticamente Incorrecto, transmitido por Telefuturo.
Actualmente, Prieto enfrenta un total de 53 denuncias por presuntas irregularidades en su gestión municipal, varias de las cuales ya cuentan con imputaciones formales. En ese contexto, la revelación sobre contactos fuera del marco procesal reaviva las dudas sobre la imparcialidad del sistema de justicia.
Prieto dice que supuestamente Pedro Alliana, vicepresidente de la República, está acelerando sus procesos, cuando la realidad muestra que Prieto es protegido de la Justicia y la fiscalía; por eso la mayoría de sus procesos están cajoneados y la administración de justicia le permite litigar con mala fe.
EL INTENTO DE ACLARACIÓN
Durante la emisión, tras percatarse del alcance de sus afirmaciones sobre los contactos mantenidos en reserva, el jefe municipal intentó matizar sus expresiones argumentando que sus diálogos con los magistrados no buscan interferir en las investigaciones, sino exponer su postura sobre los casos que lo involucran.
Sin embargo, el intento de enmienda no logró disipar la gravedad del hecho. En el ámbito legal, las reuniones privadas o informales entre una persona procesada e investigadores o juzgadores vulneran de manera directa el principio de igualdad de partes y el debido proceso.
UN CUESTIONAMIENTO AL SISTEMA DE JUSTICIA
El hecho de que un investigado en más de medio centenar de causas tenga acceso directo e informal a los operadores de justicia sienta un antecedente crítico:
Falta de transparencia: Las actuaciones de fiscales y jueces deben darse estrictamente dentro del expediente judicial y en audiencias públicas o formalmente notificadas.
Vulneración de la imparcialidad: El contacto fuera de estrados genera sospechas sobre posibles influencias políticas o presiones sobre el fuero penal.
Desigualdad ante la ley: Plantea el interrogante de si cualquier ciudadano común procesado cuenta con las mismas facilidades para dialogar informalmente con los jueces y fiscales que definen su causa.
Las expresiones del intendente esteño dejan bajo la lupa no solo su estrategia de defensa, sino también el actuar de los magistrados y agentes del Ministerio Público encargados de tramitar los 53 expedientes en su contra.
