En el marco de las acciones estratégicas para desarticular esquemas de delitos informáticos desde el interior de los establecimientos penitenciarios, el Ministerio de Justicia, en coordinación con la Policía Nacional y a partir de información brindada por el Departamento de Ciberseguridad del Ministerio del Interior, llevó a cabo una requisa integral en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo bajo el denominado Operativo Guyra Hu 3.
Este procedimiento surge como respuesta a investigaciones por estafas mediante sistemas informáticos. Esta intervención da continuidad a la línea de combate contra el cibercrimen penitenciario iniciada con Guyra Hu 1 (San Pedro, enfocado en el vaciamiento de billeteras electrónicas por 1.500 millones) y Guyra Hu 2 (CERESO Cambyretá, centrado en esquemas de estafa y suplantación de identidad).
El éxito del operativo fue posible gracias a un despliegue coordinado de alta eficiencia. La operación movilizó a unos 300 agentes de seguridad, entre efectivos policiales, agentes tácticos antimotines y 100 agentes penitenciarios, logrando asegurar el perímetro y el interior del recinto sin incidentes.
Durante el procedimiento de requisa en los pabellones y sectores comunes del penal de Coronel Oviedo, los efectivos incautaron cerca de 500 teléfonos celulares, varias SIM card, diversas armas de fabricación casera y diversos objetos no permitidos cuya tenencia contraviene los protocolos de seguridad.
Y como resultado, el Ministerio de Justicia dispuso la intervención inmediata de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo y el apartamiento del cargo del director del establecimiento para garantizar la transparencia y facilitar el desarrollo de las investigaciones administrativas correspondientes.
La Dirección de Asuntos Internos llevará adelante las investigaciones para determinar si existió algún grado de complicidad o participación de funcionarios en el ingreso o permanencia de estos objetos prohibidos, aplicándose las sanciones administrativas que correspondan y remitiendo los antecedentes al Ministerio Público en caso de verificarse hechos punibles.
