La Receita Federal de Brasil, en conjunto con la Policía Federal, puso en marcha este martes la Operación Sicarius, una amplia acción contra una organización criminal transnacional sospechada de lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos y agrotóxicos en la frontera entre Brasil y Paraguay, con epicentro en la ciudad de Guaíra, estado de Paraná.
De acuerdo con el informe oficial, la estructura delictiva habría operado durante años mediante un esquema de ocultación, disimulación y conversión de activos ilícitos obtenidos a través del contrabando. Las investigaciones permitieron identificar una red financiera compleja que incluía empresas de fachada y personas interpuestas para mover grandes sumas de dinero.
Uno de los principales puntos de la investigación señala la participación de un “doleiro” que habría manejado más de 375 millones de reales entre 2019 y 2024, utilizando cuentas a nombre de terceros y estructuras empresariales ficticias. Solo en cuentas personales, el investigado habría registrado movimientos superiores a 114 millones de reales en el mismo período.
Las pesquisas se iniciaron tras diversas incautaciones en flagrancia de cargas de cigarrillos contrabandeados desde Paraguay, lo que permitió detectar patrones repetitivos vinculados a una organización criminal dedicada al tráfico transfronterizo.
Con el avance de la causa, la Justicia Federal autorizó el levantamiento de los secretos fiscal y bancario de los sospechosos, lo que facilitó la identificación del esquema financiero utilizado para la legitimación de capitales.
Durante la operación se ejecutaron 62 órdenes de allanamiento y 44 órdenes de prisión preventiva, además de 14 prisiones temporarias en varios estados de Brasil, entre ellos Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás y Pará.
La Receita Federal destacó que el objetivo de la operación es desarticular por completo la estructura financiera del grupo criminal, además de reforzar el combate al contrabando y al lavado de dinero en la región fronteriza, considerada una de las más sensibles del país.
La acción contó con la participación de auditores y analistas tributarios, además de 220 agentes de la Policía Federal, en una intervención coordinada a nivel nacional.
