Es indignante ver cómo los candidatos a cargos municipales electivos del partido Yo Creo (Clan Prieto) usan y abusan de los escolares. Lo utilizan para pedir votos y para que se les rinda pleitesía, y eso que todos ellos tienen rótulos de corruptos y algunos están procesados penalmente. Pero lo más grave es que el pisoteo a las normas legales del país lo hacen en las redes sociales sin que ningún organismo de protección a los menores se haga eco de esta situación, que incluye un perverso adoctrinamiento, que es el de exaltar la figura de políticos corruptos.
Mientras el partido Yo Creo (Clan Prieto) consolida su estructura, crecen las denuncias sobre la utilización de escolares para rendir pleitesía a las autoridades municipales de turno. El Código Electoral y el de la Niñez prohíben taxativamente estas prácticas.
LA PREGUNTA CON RABIA: ¿Por qué no actúa el Ministerio Público, la CODENI, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y, en especial, el Ministerio de Educación?
Esta foto fue publicada sin proteger a los menores. Escandalosa IMPUNIDAD, ante ABUSO con los MENORES
Las aulas de las escuelas deberían ser templos de aprendizaje y neutralidad. Sin embargo, en el convulsionado escenario político de Ciudad del Este, la frontera entre la gestión pública y el adoctrinamiento proselitista se ha vuelto alarmantemente difusa.
Diversas denuncias ciudadanas, en especial de padres de alumnos y de sectores civiles, exponen una práctica que se ha vuelto común: la utilización de niños en etapa escolar para rendir pleitesía a las autoridades de turno y ensalzar la figura de los candidatos del partido Yo Creo, liderado a nivel regional por el exintendente imputado, Miguel Prieto Vallejos, destituido del cargo por corrupción y representado en la administración actual por el intendente Pedro Acuña.
El «modus operandi» se repite bajo la fachada de inauguraciones de obras edilicias, especialmente aulas en las escuelas públicas, empedrados o entregas de aportes financiados con el dinero de los contribuyentes (dinero del pueblo).
Los niños son formados en fila, obligados a portar carteles de agradecimiento dirigidos con nombre y apellido al caudillo político de turno, en este caso Pedro Acuña, el intendente de turno, quien es el cuñado recaudador de Prieto, e incluso expuestos en fotografías y videos que luego inundan las redes sociales oficiales del partido y sus candidatos como trofeos de «aceptación popular».
Esta instrumentalización de la infancia no solo vulnera la ética pedagógica, sino que atropella de forma flagrante el marco legal vigente en la República del Paraguay.
LAS NORMAS LEGALES QUE SON VULNERABLES SISTEMÁTICAMENTE
Concejal rastrera Alison Anisimoff, USANDO y ABUSANDO de escolares. Es candidata a rekutu.
La legislación paraguaya es sumamente estricta en cuanto a la protección de la imagen y la integridad de los menores de edad. El uso de niños en mítines y propagandas políticas viola preceptos constitucionales y leyes especiales:
Artículo 54 de la Constitución Nacional: Establece la obligación de la familia, la sociedad y el Estado de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral. Añade de forma taxativa que «los derechos del niño, en caso de conflicto, tienen carácter prevaleciente». El uso proselitista subordina el bienestar del niño al interés electoral del adulto.
Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley n.º 1680/2001) – Artículo 29 (De la prohibición de la publicación): Esta normativa prohíbe explícitamente publicar datos e imágenes que permitan identificar a niños o adolescentes en situaciones que vulneren su dignidad o los expongan de manera indebida. Las fotos de niños sosteniendo carteles políticos en redes sociales entran directamente en esta categoría de exposición indebida de la identidad.
Jurisprudencias previas a nivel nacional (incluyendo medidas cautelares promovidas por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia – MINNA) ya han dejado claro que la utilización de imágenes de menores en campañas electorales constituye una violación del derecho a la intimidad y a la protección de la imagen.
EL CÓDIGO ELECTORAL Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
Concejal rastrera, Valeria Romero, llevando «regalitos» para pedir votos USANDO a los escolares. CON LOS NIÑOS, NO
Por otra parte, el sistema electoral paraguayo prohíbe que las estructuras del Estado —incluyendo las escuelas públicas dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)— sean convertidas en puestos de comando político.
Código Electoral Paraguayo (Ley n.º 834/1996) – Artículo 296: Prohíbe de forma taxativa la realización de propaganda electoral o la fijación de letreros y carteles proselitistas en edificios públicos nacionales, departamentales o municipales. Al obligar a los directores y docentes a prestar las escuelas para actos políticos encubiertos de gestión, se viola el espíritu de neutralidad del espacio público.
Prohibición de coacción: Del mismo modo, el uso de la presión institucional sobre directores, docentes y padres de familia (muchos de ellos dependientes de rubros municipales u obras en sus comunidades) para obligar a los niños a participar de estos actos configura un abuso de poder que desnaturaliza la función pública.
ADOCTRINAMIENTO para SERVIR a CORRUPTOS
Pedro Acuña, intendente, cuñado recaudador, y Óscar González, concejal rastrero, buscando el rekutu. USAN Y ABUSAN de escolares.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos y la infancia advierten que el peligro más grave radica en la normalización del adoctrinamiento. Cuando un niño es retirado de sus horas de clase para aplaudir a un intendente o concejal, en especial cuando tienen rótulos de corruptos, se le enseña que los derechos básicos (como una escuela en condiciones) no son obligaciones del Estado, sino «favores» o «regalos» del político de turno a los que se debe responder con sumisión y propaganda.
La ciudadanía y los organismos de control tienen la palabra y la obligación de denunciar ante las Defensorías de la Niñez y la Fiscalía Electoral estos atropellos. Las escuelas de Ciudad del Este pertenecen a los niños y a su futuro, no a los colores temporales de un partido político que busca perpetuarse utilizando la inocencia escolar como escudo electoral.
