Un ciudadano colombiano fue aprehendido durante un control policial realizado en el Área 4 de Ciudad del Este, luego de que agentes encontraran en su poder más de G. 14 millones en efectivo y otros valores cuya procedencia no pudo justificar, según el reporte oficial. El caso derivó además en una investigación por una eventual práctica de usura. Hay que recordar que cualquier ciudadano puede portar hasta lo equivalente a 10 mil dólares, más de 60 millones de guaraníes, sin la necesidad de demostrar su origen. Encima de este monto si. Sin duda hay muchas interrogantes en este procedimiento.

Se trata de John Largacha Serna (39), quien fue interceptado el jueves sobre la avenida Las Américas mientras circulaba a bordo de una motocicleta Kenton Skua 150.
Durante una inspección preventiva los agentes solicitaron al extranjero sus documentos personales y los correspondientes para conducir. El hombre presentó su cédula y pasaporte colombianos, pero no contaba con una licencia de conducir que acreditara la habilitación para manejar motocicletas.
Los intervinientes procedieron entonces a incautar el biciclo. Sin embargo, según el informe policial, el conductor se negó a entregar la llave de contacto y obstaculizó el procedimiento, motivo por el cual el fiscal de turno, Luis Fernando Escobar, ordenó su aprehensión por un supuesto hecho punible de resistencia.
Ya en sede policial, durante el registro corporal, los agentes hallaron G. 14.235.000 en efectivo, además de monedas extranjeras, recibos de transferencias de dinero y dos teléfonos celulares. Ante la imposibilidad de justificar el origen de los fondos, el Ministerio Público dispuso la incautación del dinero y de los demás elementos para profundizar la investigación por una eventual actividad de usura.
Posteriormente, personal de Interpol Paraguay verificó los antecedentes internacionales del aprehendido, sin encontrar órdenes de captura vigentes en su contra.
El caso quedó a cargo de la Fiscalía, que deberá determinar el origen del dinero y si existen elementos suficientes para sostener la sospecha de un hecho punible relacionado con préstamos irregulares o actividades financieras al margen de la ley.











