El Ministerio Público activó la convocatoria a audiencias de imposición de medidas cautelares para los 13 imputados en el Caso Tajy, que investiga presuntas irregularidades en compras de alimentos durante la pandemia en la Municipalidad de Ciudad del Este. El proceso, a cargo del juez Humberto Otazú, había sufrido retrasos por chicanas presentadas por las defensas. El perjuicio patrimonial al Estado estimado por la Fiscalía asciende a G. 306.188.500.
El agente fiscal Silvio Corbeta informó que la acusación en el Caso Tajy avanza con la convocatoria a audiencias de imposición de medidas cautelares para los 13 procesados por presunta lesión de confianza, entre quienes figura como principal imputado el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto. La causa investiga presuntas irregularidades en contrataciones de alimentos realizadas por la Municipalidad durante la pandemia, en una operación registrada el 11 de junio de 2020 que habría causado un perjuicio patrimonial al Estado de aproximadamente G. 306.188.500.
Las audiencias solicitadas por el Ministerio Público tienen como objetivo garantizar la comparecencia de los imputados en las etapas procesales posteriores y asegurar el normal desarrollo de la causa. El avance se produce luego de una serie de dilaciones generadas principalmente por recusaciones y recursos interpuestos por las defensas, que habían postergado instancias clave como la audiencia preliminar.
El juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, es el magistrado a cargo del expediente y será quien resuelva sobre las medidas cautelares a aplicar conforme a los pedidos fiscales y las circunstancias de cada procesado.
