El agente fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de la Unidad Especializada contra Delitos Informáticos de Alto Paraná, formuló acusación contra una mujer de 19 años por la supuesta comisión de los hechos punibles de apropiación, estafa mediante sistemas informáticos y lesión de confianza. El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías n.º 5, a cargo de la magistrada Cinthia Garcete.
Según la investigación, la procesada se habría desempeñado como vendedora y encargada de salón en la firma Agro Aceros S.A., donde habría manipulado el sistema informático comercial denominado “CEC” entre enero de 2024 y marzo de 2025. A través de estas maniobras, habría generado comprobantes internos de salida de mercaderías, alterado registros del sistema y modificado datos de stock, lo que permitió la salida irregular de productos del depósito de la empresa.
De acuerdo con los datos recabados, las operaciones fueron posteriormente ocultadas mediante la modificación de información en el sistema, registrando mercaderías de mayor valor como productos de menor costo, además de la facturación y cancelación de operaciones. Estas irregularidades motivaron una auditoría interna en la firma, que detectó un perjuicio patrimonial superior a 80 millones de guaraníes, además de una diferencia no rendida de más de 10 millones de guaraníes.
La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por la representación legal de la empresa afectada, tras constatarse inconsistencias en el stock de mercaderías del rubro ferretero, incluyendo productos como clavos, alambres, catracas, balanzas, sanitarios y herramientas en general.
El informe pericial contable, junto con inventarios realizados por la administración de la firma, confirmó las irregularidades en el sistema de control interno. Testimonios recogidos durante la investigación señalaron además que la funcionaria habría alegado fallas recurrentes en el sistema informático para justificar la emisión de pedidos y entregas de mercaderías, que posteriormente no eran regularizadas en el sistema de facturación.
La acusación sostiene que la conducta atribuida a la encausada se encuadra en los tipos penales de apropiación, estafa mediante sistemas informáticos y lesión de confianza. El Ministerio Público considera que existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio oral y público.
