El agente fiscal Fernando Marcelo Galeano, titular de la Unidad Penal Nº 02 de la Fiscalía Zonal de Minga Porã, formuló imputación contra dos automovilistas por la presunta comisión de los hechos punibles de resistencia y coacción. Los procesados, de 32 y 34 años, quedaron a disposición del Juzgado Penal de Garantías.
Los hechos ocurrieron el 29 de marzo de 2026, alrededor de las 23:00 horas, durante un control preventivo realizado sobre la Ruta Nacional PY 07, en la colonia San Lorenzo. En esas circunstancias, los sindicados se desplazaban en vehículos particulares y detuvieron la marcha de forma brusca antes de alcanzar el retén policial.
Al ser abordados, ambos conductores presentaban signos evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas y reaccionaron con violencia verbal ante el requerimiento de los agentes. El ciudadano de 32 años intentó darse a la fuga de manera temeraria, mientras que el otro fue retenido por el personal interviniente. Ambos se negaron a identificarse y a someterse a la prueba de alcotest, generando disturbios en la vía pública con agresiones físicas y verbales.
La situación se agravó tras el traslado a la sede policial, donde se registró el estallido de un petardo dentro del recinto y amenazas de incendio contra la comisaría. Uno de los imputados opuso resistencia física tirándose al suelo, mientras que el otro habría agredido a los efectivos con golpes de puño y patadas. Asimismo, el reporte señala que otras personas de sexo femenino participaron en los actos vandálicos y agresiones contra los uniformados.
El Ministerio Público dispuso la detención preventiva de los involucrados al considerar la existencia de flagrancia y la gravedad de la conducta desplegada contra la administración pública y la libertad. Igualmente, el fiscal solicitó la aplicación de la prisión preventiva, atendiendo a la falta de arraigo y al peligro de fuga u obstrucción de la investigación.
Para sustentar la imputación, la Fiscalía reunió diversos elementos de convicción, entre ellos actas de procedimiento, testimonios de los intervinientes, grabaciones de video y la incautación de los vehículos y aparatos celulares. Finalmente, solicitó un plazo de cuatro meses para la conclusión de la etapa preparatoria.
