La fiscal Rocío Celeste González imputó al abogado Aníbal Otilio Silva Sosa por los supuestos hechos punibles de violencia familiar y coacción en contra de su madre, y de igual forma solicitó al Juzgado que decrete su prisión preventiva.
Según la investigación, los hechos ocurrieron en una residencia situada en el barrio San Isidro de Ciudad del Este, específicamente en el kilómetro 6,5. La vivienda también alberga una farmacia y fue el lugar donde la señora M.C.S. fue víctima de la agresión después de asistir a una audiencia relacionada con un proceso de divorcio con su exmarido.
En ese momento, la mujer se encontraba en compañía de su secretaria y una cliente cuando irrumpió en el lugar el presunto agresor, muy ofuscado y gritando le habría dicho: «Le voy a matar a tu abogado, a todos los que te ayudan, voy a mandarte sicarios también para matarte a vos». Luego, supuestamente le aplicó un puntapié en la pierna derecha.
Después de eso, el abogado subió en el vehículo de su madre, un BMW de color verde, del año 2001, momento en que la víctima se puso frente a él tratando de evitar que el sindicado se llevara su automóvil. Sin embargo, no le importó y casi arrolló a su madre. Además, volvió a amenazarla diciéndole que le mandaría sicarios, y que ella no le conocía a él y ni de lo que era capaz.
Durante su comparecencia ante la Unidad Especializada en la Lucha contra la Violencia Familiar, la víctima declaró que en varias ocasiones había sufrido maltratos verbales y físicos por parte de su hijo. También señaló que personas extrañas a bordo de diferentes tipos de vehículos rondaban su casa.
La mujer afirmó que vive constantemente atemorizada por su hijo y que no puede realizar sus labores habituales desde entonces. La víctima fue entrevistada por una profesional del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público.
El dictamen refiere que la afectada presenta signos y síntomas de haber sufrido violencia psicológica y amenazas de muerte, presumiblemente de parte de su hijo Aníbal Otilio Silva Sosa. Ante tales extremos, la agencia fiscal acredita la existencia de suficientes elementos de sospecha que ameritan la presente imputación.
De igual forma, la fiscal Rocío González ordenó la detención preventiva del abogado y requirió al Juzgado de Garantías que decrete su prisión preventiva, una vez privado de libertad.
