El Juzgado Penal de Garantía número 7 de Ciudad del Este a pedido del Ministerio Público, desestimo la denuncia por crimen ambiental contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos y los dueños de AGROFERTIL. Es una bofetada a la ciudadanía y a las normas ambientales del país. Sin duda es una medida repugnante. Las evidencias son contundentes sobre la tala de arboles en el paseo central ubicado entre la Ruta 02 Py y la avenida San Blas, pero al parecer para la fiscalía no hubo tal cosa. Y ahora qué dirá el fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, sobre la protección a los corruptos.
El propio intendente de Ciudad del Este, se encargo de dar la noticia que a pedido de la Fiscalía la Justicia desestimo la denuncia por crimen ambiental. En tono irónico y burlesco contra los ciudadanos el jefe comunal posteo la parte final de la decisión judicial que ahora debe ser revisado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Vehículos y funcionarios municipales fueron sorprendidos “in fragantti” derribando arboles nativos del paseo central ubicado entre la avenida San Blas y la Ruta 02 Py, para que se construya allí un estacionamiento para la empresa Agrofértil.
Pero ahora y según el Ministerio Público tal cosa no paso. Fue una ilusión. Por que de otra manera no se puede explicar que la fiscalía haya pedido la desestimación de la denuncia contra el jefe comunal.
La decisión judicial que puso Prieto en las redes sociales es solamente una pequeña parte, pero claramente se puede ver que el Juzgado dice que desestima la denuncia a pedido del Ministerio Público.
Hay que ver que dice ahora el fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, sobre la protección a los corruptos. Si esto no es proteger a los corruptos. Además, la ciudadanía ante esta alevosía tiene el derecho de presumir que la decisión de la fiscalía no fue tan gratis.
Para que sepan cómo actúan los fiscales y la administración de justicia y ahora corresponde la intervención del JEM, señalamos que la resolución 2198/2022 es la prueba de que el propio Prieto fue quien autorizó la tala de árboles de una vegetación en el espacio verde ubicado entre la Ruta 02 y la avenida San Blas.
El jefe comunal involucro a varios funcionarios superiores como ser su jefa de gabinete la cuestionada hurrera, Darcy Ledezma, la directora de Gestión Ambiental, Karen González, el jefe de áreas protegidas, Aníbal Molas.
Pero los dueños de Agrofértil también deben responder por el crimen ambiental.
El fiscal de medio ambiente, Santander, inició una investigación sobre el hecho punible. Con la aparición de la resolución 2198/2022, firmado por Prieto, todo queda aclarado. El documento es la evidencia que permite al representante de la sociedad a imputar a Prieto, a varios funcionarios superiores, algunos ya citados, y a los directivos de Agrofértil encabezados por José Marcos Sarabia.