Para este lunes 27 de julio está prevista la audiencia preliminar sobre el caso del robo del dinero de las ollas populares en plena pandemia por el coronavirus. Pero todo indica que una vez más van a chicanear y suspender. El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, destituido por corrupto, y su gavilla se chuparon la plata que estaba destinada a ollas populares que debía alimentar a niños y ancianos en situación vulnerable. Hasta falsificaron facturas tratando de justificar el miserable robo de la comida de los pobres.
Cada vez está más evidenciado que desde la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General del Estado protegen a Miguel Prieto y a toda su pandilla, y es por eso que siguen dilatando todos los procesos. Están litigando de mala fe, presentan recusaciones sin argumentos jurídicos con el solo objetivo de dilatar las causas, y nadie en absoluto les dice nada.
¿Alguien alguna vez escuchó que Prieto o sus operadores políticos hayan dicho algo contra la administración de Justicia, contra los ministros de la Corte o contra el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón? Nunca abrieron la boca por la protección y la impunidad que tienen.
Mientras los aliados políticos de Prieto en Asunción critican al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia, en Ciudad del Este el Clan Prieto extiende la alfombra roja para estos personajes.
Todo indica que la audiencia preliminar prevista para este lunes 27 la va a estar suspendiendo. Chicaneando.
Pese a que están siendo investigados por el miserable hecho de haber robado la plata de la comida de los pobres en plena pandemia.
Anteriormente ya chicanearon el caso rechazando al juez. Primero rechazaron a los fiscales.
Pero el Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala de Alto Paraná, confirmó al juez penal de Garantías Amílcar Marecos en la causa Miguel Prieto Vallejos y otros, sobre lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
El expediente es conocido como el caso de las ollas populares, en el que se habrían liberado fondos municipales sin la contraprestación.
En el caso está investigado el exintendente Miguel Prieto y otros 11 coacusados, señalados por un supuesto desvío de más de G. 311 millones para una comisión de ollas populares, durante la pandemia.
La defensa de Marcos David Galeano Fernández, uno de los acusados, cuestionó al juez, señalando que se había extralimitado al imponerle medidas de oficio, como la prohibición de acercarse a la Municipalidad, sin un pedido expreso del Ministerio Público. Esta resolución había sido revocada por un tribunal de apelación.
Sin embargo, para la camarista Marta Acosta, preopinante, con adhesión de sus colegas Raúl Insaurralde y Nilda Cáceres, la recusación no reunió los presupuestos legales, como nuevos hechos graves que comprometan la imparcialidad del juez, y resolvieron mantenerlo en la causa. Marecos ahora deberá fijar nueva fecha para la audiencia preliminar en el plazo de 3 días.
La Cámara fundamentó su decisión en que los argumentos de la defensa de Marcos David Galeano Fernández se limitaron a cuestionar el contenido de una resolución judicial previamente dictada por el magistrado, específicamente la imposición de medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercamiento a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Según el criterio del Tribunal, el hecho de que el juez haya adoptado medidas de oficio dentro del marco de sus atribuciones jurisdiccionales no constituye, por sí mismo, una vulneración a la imparcialidad ni un apartamiento de su rol natural como director del proceso penal.
