La población de Santa Rita está pagando un precio muy alto por causa de la corrupción en la gestión del exintendente Edgar Torres, quien llegó al cargo luego de su hermano, César Landy Torres. Ahora quiere el rekutu. Firmas comerciales cerraron sus puertas, otras están liquidando para cerrar, todas ellas ubicadas sobre la avenida De los Inmigrantes, cuyo hermoseamiento está inconcluso y abandonado. Es el resultado de un negociado con obras públicas. Las construcciones que tienen una escandalosa sobrefacturación ya debieron estar terminadas, pero nunca están listas. Hay un hartazgo ciudadano con el Clan Torres.
DATOS PARA NO OLVIDAR DE LA CORRUPCIÓN
Edgar Torres y Landy Torres
El hermoseamiento de la avenida De los Inmigrantes, en la zona céntrica de Santa Rita, región Sur del Alto Paraná, que está inconclusa y abandonada, tendría una sobrefacturación de unos 900 millones de guaraníes. Esta es lo que dejó el ahora exintendente, Edgar Torres, quien busca el rekutu.
Pero estos esquemas de corrupción, en la comuna de la novel comunidad, ya vienen de la gestión de César Landy Torres, quien ahora es cuestionado gobernador. La obra fue adjudicada a la empresa de fachada Bramante S.A. por G. 2.400 millones, y ya debió terminarse en diciembre de 2025.
El contrato 02/25 es para «Remodelación, unificación de veredas, ciclovía y hermoseamiento de la Avenida de los Inmigrantes»; fue adjudicado a la firma de fachada, Bramante S.A., donde aparecen como dueños Juan Carlos Benítez Fernández, quien fue funcionario de la Gobernación del décimo departamento, y Cristóbal González Ruiz.
Precisamente estos dos últimos mencionados, ambos, firman el contrato 02/2025, junto a Edgar Torres.
Debido a que la obra sobrefactura nunca se termina, muchos negocios ya cerraron y otros están liquidando sus mercancías y van a cerrar. El daño es cuantioso. Es un precio muy alto que pagan los santarriteños por culpa de la corrupción del exintendente Edgar Torres, quien busca el rekutu.
HARTAZGO CIUDADANO CON EL CLAN TORRES
Este es un texto publicado en las redes sociales que muestra el hartazgo ciudadano con el Clan Torres:
En Santa Rita, parece que el tiempo se mide de dos maneras distintas: el tiempo del trabajador, que cuenta cada día para cumplir con sus compromisos, y el tiempo de la gestión pública, donde medio año de retraso parece no tener importancia.
Hace meses que la Avenida Los Inmigrantes debería ser un modelo de modernidad y orgullo para nuestra ciudad. Existe un documento oficial, una Declaración Jurada de la empresa BRAMANTE S.A., que hoy se lee más como una burla que como un compromiso legal.
En ese papel, se juraba —con firma y sello— que la ejecución de la obra se entregaría a más tardar el 31 de diciembre de 2025. Hoy, transitando ya el quinto mes de 2026, el «hermoseamiento» prometido ha resultado ser la tumba económica de muchos frentistas.
EL COSTO DEL SILENCIO Y LA INOPERANCIA
No hablamos de un simple contratiempo logístico; hablamos de casi un semestre de desidia. Caminar hoy por la avenida es ver un escenario de abandono: escombros, piedras basálticas amontonadas y, lo más doloroso, negocios que sobrevivieron a años de esfuerzo, pero que no pudieron resistir una obra municipal mal planificada.
¿Quién le devuelve al comerciante los meses de ventas perdidas? ¿Quién responde por los empleados que se quedaron sin sustento porque el acceso a su local estuvo bloqueado medio año más de lo pactado? Mientras la empresa y la fiscalización municipal se toman su tiempo, el frentista se queda sin recursos y sin respuestas.
UNA ESTÉTICA QUE LLEGA TARDE
El mosaico portugués podrá lucir muy bien en las fotos oficiales del futuro, pero ninguna piedra artesanal compensa el cierre definitivo de un comercio familiar hoy. Resulta inadmisible que un documento firmado bajo fe de juramento sea ignorado con tanta ligereza. La Municipalidad de Santa Rita, como entidad contratante, tiene el deber moral y legal de exigir el cumplimiento de los plazos, en lugar de permitir que este retraso siga asfixiando a la comunidad.
CONCLUSIÓN
Los ciudadanos de Santa Rita no somos simples espectadores; somos quienes financiamos cada metro de esa obra con nuestros impuestos. Exigimos que se respete la palabra empeñada, que se cumplan los contratos y, sobre todo, que se respete la dignidad de quienes apostaron por la Avenida Los Inmigrantes.
Medio año de retraso es un insulto al trabajo santarriteño. El «hermoseamiento» no puede ser la excusa para el entierro de nuestra economía local.
