Un paraguayo, quien sería un taxista está reclutando a paraguayos para llevarlos a trabajar en condiciones de esclavitud. Un grupo de 19 connacionales, entre ellos dos niños, fueron rescatados por autoridades brasileñas. Todos los rescatados ya fueron enviados a territorio paraguayo en forma segura. Ahora la Policía esta detrás del reclutador a quien ya tienen identificado y ahora junto con la Policía Federal y la Policía Nacional buscan ubicarlo para ser detenido y responder por los crímenes que cometió.
La Fiscalía del Trabajo del Brasil rescató a 19 trabajadores paraguayos que vivían en una situación análoga a la esclavitud. Entre ellos había dos menores de edad.
La operación de rescate, llevada a cabo junto con el Batallón de Policía de Frontera (BPFron), tuvo lugar el lunes 6. El martes 7, las víctimas comparecieron en audiencia para intentar garantizar su regreso a sus ciudades de origen.
Según el Ministerio Publico del Trabajo (MPT), las víctimas eran explotadas en trabajos de recolección de mandioca en el municipio de Ivaté, al noroeste del estado de Paraná, que tiene frontera con el Paraguay.
Un hombre, también paraguayo, organizó su viaje a Brasil en taxi, cuyo costo se les descontaba de los salarios. Su nombre no se ha hecho público.

Las investigaciones revelaron que las víctimas vivían en dos casas del municipio de Tapira, también en el noroeste del estado de Paraná, en condiciones de vivienda indignas, durmiendo en colchones sucios esparcidos por el suelo y con una alimentación escasa.
Según el MPT, el alquiler, el agua y la luz se descontaban de los salarios de cada una, lo que creaba una servidumbre por deuda.
Además, según el MPT, la libertad de las víctimas estaba restringida, ya que debían comunicar al reclutador cualquier salida de la casa.
Un reclutador es aquel que organiza, moviliza o recluta a personas. En el sector rural, se denomina así al intermediario que capta mano de obra para el campo.
Las investigaciones revelaron también que solo los trabajadores en los que el reclutador confiaba podían utilizar libremente sus teléfonos personales, y que se amenazaba e intimidaba a las víctimas para que no presentaran denuncias ante las autoridades.
En cuanto al trabajo rural, las víctimas no recibían equipos de protección —como botas, guantes, sombreros o gorras— ni disponían de zonas de descanso —como comedor y aseos—. Además, según el MPT, no se suministraba ni se reponía el agua en el lugar de trabajo.
Los trabajadores prestaban sus servicios en el sector informal, sin que se les reconocieran los derechos laborales básicos. Del salario que percibían se les descontaban las deudas contraídas con el capataz, y solo les quedaban entre 400 y 500 reales al mes.
Algunos de los trabajadores llevaban viviendo en estas condiciones alrededor de un año. La mayoría de ellos llevaba tres meses en el lugar.
El pago y el regreso de las víctimas a sus ciudades de origen en Paraguay se llevaron a cabo este jueves 9. Antes de eso, los trabajadores habían sido acogidos en un centro de acogida temporal.
El pago lo realizó una empresa del sector, que no tiene relación directa con la explotación de los trabajadores, pero que colaboró para garantizar su regreso al país de origen. El acuerdo fue confidencial.
Las investigaciones continúan con el fin de exigir responsabilidades al reclutador paraguayo.









