Concejales rastreros siguen usando y abusando de los escolares y de los recursos municipales para sus campañas políticas. La mayoría quiere atornillarse en la Junta Municipal, en medio de denuncias de corrupción. Esta vez la patota fue encabezada por Pedro Acuña, intendente, quien es cuñado recaudador de Miguel Prieto Vallejos, exintendente destituido por corrupto. Sorprende la desidia de los organismos que deberían cuidar de los derechos de los niños, que son burdamente pisoteados.
La carrera por la reelección en la Junta Municipal de Ciudad del Este ha cruzado una línea que genera fuerte indignación ciudadana. En un claro acto de clientelismo político, concejales oficialistas continúan utilizando las inauguraciones de obras públicas —financiadas con el dinero de los contribuyentes— como plataforma electoral para pedir votos y prometer futuros proyectos.
El escenario más reciente de esta práctica fue la escuela Virgen de Fátima, ubicada en la zona del kilómetro 9. Hasta allí llegaron los ediles rastreros Víctor “Viático” Torales, Alison Anisimoff («la chatarrera») y Sebastián Martínez —este último arrastrando un pesado historial de tres imputaciones por corrupción.
EL USO DE NIÑOS PARA PROSELITISMO
Lejos de mantener el acto en un marco institucional, los concejales rastreros no dudaron en instrumentalizar a los propios escolares. Los niños fueron utilizados como «decorado» para sesiones fotográficas que minutos después inundaron las redes sociales de los políticos, acompañadas de mensajes proselitistas y pedidos explícitos de apoyo para los próximos comicios.
EL TRASFONDO ÉTICO: El uso de menores de edad en campañas políticas y la utilización de la infraestructura pública para el beneficio electoral particular son prácticas que desvirtúan la función municipal y rozan la ilegalidad.
CLIENTELISMO SIN DISIMULO
La escena en el kilómetro 9 desnuda la vieja fórmula de la política prebendaria: inaugurar lo que es una obligación del Estado, condicionar el progreso de la comunidad a cambio del voto y aprovechar la vulnerabilidad de las instituciones educativas.
Mientras Martínez acumula procesos con la justicia y sus colegas arrastran cuestionados legados, la prioridad de la bancada parece estar lejos de la legislación local y plenamente enfocada en asegurar cinco años más de privilegios en el legislativo municipal.
La ciudadanía, por su parte, empieza a manifestar su hartazgo ante el uso descarado de los recursos públicos para el autobombo electoral.
