La Policía Municipal de Tránsito (PMT) y agentes de la Policía Nacional incautaron 73 motocicletas durante un operativo realizado en la noche del domingo en el límite de los barrios Santa Ana y 23 de Octubre, en Ciudad del Este. Los biciclos fueron retirados de circulación por diversas infracciones administrativas, entre ellas la falta de documentación obligatoria y la presencia de menores de edad al mando de los vehículos.
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El procedimiento se desarrolló en el cruce de las avenidas Amado Benítez Gamarra y 25 de Agosto, un punto que desde hace tiempo es utilizado como lugar de encuentro por grupos de motociclistas y automovilistas. Según las autoridades, estas concentraciones generan polución sonora, maniobras peligrosas y constantes reclamos por parte de los vecinos de la zona.
Las motocicletas fueron trasladadas al corralón municipal para los trámites correspondientes. Desde la PMT señalaron que los controles buscan garantizar la seguridad vial y reducir las molestias ocasionadas por las aglomeraciones nocturnas.
Sin embargo, el operativo también generó cuestionamientos sobre la efectividad y el alcance de este tipo de intervenciones. Un sector de la ciudadanía cuestiona que los controles se concentren siempre en determinados puntos de la ciudad, mientras en otros barrios y avenidas continúan registrándose encuentros similares sin una presencia constante de las autoridades.
Las críticas apuntan a que diariamente pueden observarse motociclistas circulando sin casco protector, sin chapa, sin habilitación e incluso realizando maniobras imprudentes en distintos sectores de Ciudad del Este, sin que existan procedimientos de la misma magnitud. Para algunos ciudadanos, los operativos terminan teniendo un carácter más mediático que preventivo, al enfocarse en lugares donde las concentraciones son visibles y generan repercusión pública.
Otros vecinos, en cambio, respaldan las intervenciones y sostienen que la falta de controles durante años permitió la proliferación de conductas que ponen en riesgo tanto a los conductores como a terceros. Consideran que las fiscalizaciones deben mantenerse, pero extenderse a toda la ciudad para evitar cuestionamientos sobre un posible trato diferenciado.
