Redacción. La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), el Departamento Antinarcóticos y el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional son blanco de fuertes cuestionamientos ante lo que se percibe como una respuesta insuficiente frente al avance del crimen organizado en la región.
En materia de lucha contra las drogas, los operativos realizados en el departamento durante los primeros meses del 2026 reflejan el predominio de incautaciones de baja escala, muchas veces vinculadas al microtráfico. Lejos de desarticular las grandes estructuras, los procedimientos se limitan a cantidades mínimas, mientras Alto Paraná continúa siendo una ruta principal para el traslado de grandes cargamentos hacia el Brasil. El contraste es evidente cuando, cruzando la frontera, se reportan decomisos mucho mayores.
El Departamento Antinarcóticos tampoco logra revertir el escenario. Aunque se registran golpes puntuales, como la incautación de más de 300 kilos de marihuana en una zona rural, estos casos aparecen como excepciones dentro de una seguidilla de procedimientos de escaso impacto. En otros operativos, las cantidades incautadas no superan gramos o pocos kilos, sin afectar la estructura de las organizaciones criminales.
«Bailes con permiso».
En la jerga policial, el término «baile con permiso» es utilizado en casos donde delincuentes tienen vía libre para cometer asaltos a gran escala. En el caso del Departamento de Investigaciones, la falta de resultados se vuelve aún más evidente en hechos de alto impacto. Robos con uso de explosivos contra entidades financieras registrados en distintos puntos del departamento siguen sin avances concretos, sin responsables identificados ni detenidos.
A esto se suman los casos más recientes, como los robos a locales comerciales como Cellshop y Rysa Encomiendas, donde resultó perjudicada la firma Nissei, que generaron gran repercusión. Si bien en estos hechos se logró recuperar parte de las mercaderías, hasta el momento no se reportan avances que permitan desarticular a las bandas responsables.
La situación es aún más crítica en relación a los millonarios botines sustraídos en asaltos a bancos y casas de cambio, donde no se tiene rastro del dinero robado, pese al tiempo transcurrido y a la magnitud de los golpes.
Este escenario refuerza las críticas hacia el área investigativa, donde los casos más resonantes no logran cerrarse, dejando muchas dudas sobre la capacidad de respuesta frente a estructuras delictivas cada vez más organizadas.
La falta de resultados sostenidos en estas tres áreas no solo alimenta una creciente sensación de impunidad, sino que profundiza la desconfianza ciudadana. En una de las fronteras más activas del país, los grupos criminales parecen operar con ventaja, ante instituciones que no logran dar respuestas acordes a la magnitud del problema. La población percibe una posible connivencia o tolerancia interna, una sospecha que, aunque no cuenta con confirmación oficial, refleja el nivel de desgaste y credibilidad que atraviesan los organismos de seguridad en la región.
Mientras tanto, los operativos continúan, pero sin golpes contundentes ni esclarecimientos relevantes. La falta de efectividad termina dejando el camino libre a las organizaciones delictivas, en una región donde el control parece cada vez más debilitado.
