Manuel Lugo Garcete, de Daruma Sam (Aposta.La), señalado de integrar esquemas de lavado de dinero, “vendió” una casa de Itaipú ubicada en el Area 4 de Ciudad del Este, en 300 mil dólares, y se fue a vivir junto a su esposa Luz Fernanda Riquelme Galeano, al Paraná Country Club de Hernandarias. Es lo que hizo la senadora, Yolanda Paredes, quien dice vendió la residencia del Area 1 en solo 160 mil dólares. Es muy barato. Allí las residencian tienen un costo de hasta 400 mil dólares. Pero la legisladora omitió poner esto en su DD.JJ. y esto si es ilegal.
Manuel Lugo Garcete
La casa de Itaipú que vendió uno de los dueños de Aposta.La, Manuel Lugo Garcete, esta sobre la calle Acaray Norte entre Comuneros y Campo Vía. El monto fue de 300 mil dólares, de acuerdo a los datos. Un dato después de esto Manuel Lugo Garcete, compraron con sus socios de Aposta.La (Daruma Sam) varias propiedades cerca de allí instalando negocios, y uno de los inmuebles, la mayor superficie, sigue baldío hasta el momento.
Manuel Lugo luego de vender o transferir sus derechos, en 300 mil dólares, fue a vivir con su esposa Luz Fernanda Riquelme Galeano (de la familia del ex diputado, Julio César Riquelme, quien fue asesinado estando en el cargo), en el exclusivo complejo del Paraná Country Club de Hernandarias.
Lo que hizo uno de los dueños de Aposta.La, quien ya fue denunciado por lavado de dinero y otras actividades ilegales, junto a sus socios entre ellos Carlo Giussepe Espinosa Vega, es lo mismo que hizo la senadora, Yolanda Paredes. La legisladora “vendió” o transfirió sus derechos en solo 160 mil dólares.
Es un monto muy bajo, de acuerdo a agentes inmobiliarios consultados. Una residencia en el Area 1, que “vendió” la senadora tiene un costo de unos 400 mil dólares.
Las casas del Area 1, en Ciudad del Este, en realidad son residencia. Son jucho más grande que las otras casas de los otros complejos habitacionales de la Binacional.
Yolanda Paredes
La residencia que ocupa, o ocupaba, la ahora senadora, Yolanda Paredes y Paraguayo Cubas esta a escasos metros de la casa del director general de la Itaipú, o sea la casa que le destina al director general, y donde se queda los presidentes cuando vienen a Ciudad del Este.
La senadora de Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, admitió haber transferido los derechos de ocupación a un tercero. Además, sostuvo que este tipo de operaciones sería habitual dentro de las áreas habitacionales de la entidad y reconoció que los ingresos obtenidos no fueron consignados en sus declaraciones juradas. La llamada “posesión” suele derivar de ocupaciones de hecho o asignaciones administrativas, pero eso no otorga un título de propiedad transferible. Quien ocupa o utiliza el inmueble no tiene un derecho legal pleno para venderlo o cederlo de forma onerosa.
Es una zona donde esta la residencia muy bien cuidada, llena de cámaras de seguridad, lleva de seguridad privada con patrulleras. Están las casas destinadas a los otros directores.
Sobre la residencia de la legisladora ssupuestamente la información comenzó a circular en grupos de WhatsApp de funcionarios de Itaipú documentos que de confirmarse comprometerían a la senadora Yolanda Paredes, esposa de Paraguayo Cubas, pues expondrían una serie de operaciones económicas vinculadas a un inmueble propiedad de la Binacional, que no habrían sido reportadas ante los órganos de control.
La controversia nace en un presunto contrato de cesión onerosa de la posesión firmado en 2022, mediante el cual se habría comercializado un derecho sobre una propiedad estatal que, por su naturaleza, no es de libre disposición privada ni cuenta con un marco legal que habilite su venta.
El supuesto documento detalla que, tras una ocupación de hecho en terrenos de la binacional, Paredes habría pactado un esquema de pagos en cuotas que se extendió hasta junio de 2024. Lo que agrava la situación es que una parte importante de estos cobros se habría percibido mientras la legisladora ya se encontraba en ejercicio de su cargo público, tras asumir su banca en junio de 2023.
A pesar de la existencia documentada de este contrato y el flujo de dinero derivado de él, las declaraciones juradas presentadas ante la General de la República no registran el inmueble, la operación financiera ni los ingresos percibidos, lo que configura una omisión directa de sus obligaciones legales como funcionaria.
Desde el punto de vista jurídico, se podría advertir que en 2022 no existían disposiciones que permitieran la venta o cesión económica de este tipo de ocupaciones, reforzando la tesis de que se transaccionó un bien público sin habilitación legal.
Un eventual cruce de datos evidenciaría una inconsistencia patrimonial objetiva: existen ingresos documentados por la vía contractual que no tienen un correlato en el patrimonio declarado oficialmente.
De confirmarse el caso, el mismo se perfila como un tema de alto interés público que amerita la intervención de los órganos de control para esclarecer el destino de los fondos y la legitimidad de una operación que, hasta el momento, carece de justificación en los registros del Estado.
