El Ministerio de Economía y Finanzas bloqueó ahora en marzo los desembolsos de royalties, Fonae (ex Fonacide) y juegos de azar a Ciudad del Este y otros 199 distritos de la República. Esto debido a que no presentaron rendición de cuentas sobre el uso de la plata que se les dio anteriormente. En Alto Paraná solo 6 explicaron cómo utilizaron la plata del pueblo, y 14 no lo hicieron. Sobresale el caso de CDE a cargo del doble imputado por corrupción, Miguel Prieto Vallejos, quien quiere ser presidente y no rinde cuentas sobre cómo usa la plata de los paraguayos. Esta es la corrupción que priva a los ciudadanos de recursos genuinos que deben ser usados para la educación, salud, caminos.
Al igual que el corrupto Prieto, sus colegas también con el rótulo de corruptos, quienes no están recibiendo playa del Estado, son Diego Ríos de Minga Guazú, ex pupilo de Prieto, ahora cartista; y Nelson Cano de Hernandarias, ex aliado de Prieto, ahora cartista nuevamente. Todos tienen origen en el cartismo. Dos ya asumieron nuevamente su línea política.
Prieto, quien se pasa diciendo en las redes sociales que su gestión es transparente, ahora una vez más queda al desnudo. Le cortaron los recursos estatales porque no rinde cuentas. O sea, no presenta documentos para demostrar dónde y cómo ha usado la plata del pueblo que anteriormente se le dio para que administre.
Santa Rita, donde está el cuestionado Edgar Torres, hermano del gobernador César Landy Torres, con rótulo de corrupto, y ambos cartistas, también se quedó sin la plata estatal. Por corrupto.
Se suma el distrito de Yguazú, donde está otro muy cuestionado intendente que piensa que la Ley del Paraguay no se aplica en dicho municipio, Mauro Kawano.
Además, se debe mencionar al intendente de San Alberto, Carlos Alberto Ramírez, quien tampoco rindió cuenta y se quedó por ahora sin los recursos estatales.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) suspendió la transferencia de recursos estatales a 200 intendencias municipales durante el mes de febrero, según se desprende del informe oficial publicado por la cartera estatal.
De acuerdo con los datos, únicamente 63 municipios recibieron transferencias por haber cumplido con la presentación completa de la documentación requerida para acceder a los fondos públicos. Esta situación evidencia las dificultades que enfrentan numerosas administraciones municipales para cumplir con los requisitos administrativos exigidos por la normativa vigente.
La planilla divulgada por el MEF detalla que durante febrero se transfirieron en total G. 79.823 millones a los municipios que cumplieron con las exigencias documentales.
De este monto, G. 51.453 millones corresponden al concepto de royalties, G. 2.762 millones provienen de juegos de azar y G. 25.609 millones pertenecen al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), recursos menores y otras compensaciones.
Estas cifras representan una importante inyección económica para las municipalidades beneficiadas, mientras que la mayoría de los gobiernos locales quedaron excluidos de este flujo financiero crucial para sus operaciones.
Entre los municipios que recibieron transferencias se encuentran: Horqueta, San Pedro de Ycuamandyyú, San Bernardino, Villarrica, Coronel Oviedo, Encarnación, Fernando de la Mora, Limpio, Luque, Mariano Roque Alonso, Pilar y Salto del Guairá.
También figuran en la lista de beneficiarios distritos menores como San Carlos del Apa, Itacurubí del Rosario, Nueva Germania, Emboscada, Cecilio Báez, Santa Rosa del Mbutuy y otros municipios distribuidos en diversos departamentos del país.
Sigue con los municipios de Alto Paraná: Presidente Franco, Santa Fé del Paraná, Ytakyry, Juan León Mallorquín, Naranjal y Tavapy.
La variedad geográfica de las comunas receptoras sugiere que el cumplimiento de los requisitos no está directamente relacionado con el tamaño del municipio o su capacidad administrativa.
El procedimiento para acceder a los recursos del Tesoro Nacional exige que los jefes comunales presenten rendiciones de cuentas e informes cuatrimestrales, cumpliendo estrictamente con los requerimientos establecidos en la ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) del ejercicio fiscal correspondiente y su decreto reglamentario. Este mecanismo de control busca asegurar la transparencia en el manejo de los fondos públicos y promover la responsabilidad administrativa de los gobiernos locales, aunque en la práctica genera importantes desafíos para muchas municipalidades que carecen de la estructura técnica adecuada para cumplir con estas exigencias burocráticas.
La suspensión de transferencias afecta directamente la capacidad operativa de los municipios excluidos, limitando su posibilidad de ejecutar proyectos de inversión, mantener servicios básicos y cumplir con compromisos laborales.
Esta situación resulta particularmente crítica para las comunidades pequeñas o con escasos recursos propios, que dependen en gran medida de las transferencias estatales para su funcionamiento.
El MEF ha sido enfático en señalar que las transferencias retenidas serán liberadas únicamente cuando los municipios regularicen la presentación de la documentación requerida, lo que podría implicar demoras adicionales en el flujo de recursos hacia estos gobiernos locales.
El bloqueo masivo de transferencias evidencia una problemática recurrente en la administración pública paraguaya, donde las exigencias formales establecidas por la normativa nacional frecuentemente colisionan con las limitadas capacidades técnicas y administrativas de numerosos gobiernos municipales.
