Este miércoles 19 vence el plazo para que el fiscal, Silvio Coberta, presente acusación contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos. Es en el escandalo conocido como “Tía Chela”. Es con relación al robo con kits de alimentos que debieron ser dados a familias pobres durante la pandemia de COVID-19, cuando muchos pasaron hambre y al menos 20 mil murieron. En el expediente también esta acusado el concejal rastrero, Sebastián Martínez, y varios otros funcionarios.
Mientras miles de paraguayos, particularmente en Ciudad del Este, pasaban necesidades, hambre y otros estaban muriendo a causa de la pandemia por COVID-19, autoridades como Miguel Prieto, Sebastián Martínez, comerciantes inescrupulosos, y prestanombres armaron una rosca para aprovechar la situación y chuparse el dinero que debía ser destinado a la comida de familias pobres.
El caso conocido como “Tía Chela” no es el único ni el más grande. Hay dos casos similares con el mismo modus operandi.
Miguel Prieto y Sebastián Martínez.
Este miércoles 19 vence el plazo para que el Ministerio Público presente la acusación contra Prieto y sus serviles quienes estuvieron negociando con la necesidad de miles de ciudadanos.
Hay que recordar que en principio, el requerimiento conclusivo estaba previsto para el 19 de enero de 2024, según la providencia del juez José Delmás, con respecto a Prieto, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Fermín Avalos Britos y Emili Vanessa Florentín Páez.
El Ministerio Público, pidió y consiguió una prórroga debido a la excepcional complejidad que reviste la investigación “considerando las conductas y aportes realizados por cada uno de los investigados para la producción del resultado típico, la elevada cantidad de imputados y el hecho punible que es objeto de investigación.
“La complejidad no deviene solo del hecho o del tipo penal investigado sino de como acontecieron las circunstancias fácticas que se señalan en el acta de imputación, que le ocasionaron el perjuicio patrimonial a la comuna esteña. En ese sentido para llegar al grado de sospecha requerido para formular imputación, se contó con la colaboración de la SET hoy día denominada Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) institución que realizó una trazabilidad de las compras de cada uno de los productos adquiridos por el Municipio para los kits de alimentos y de los sub proveedores, lo que permitió determinar a prima facie y tras un exhaustivo análisis la inexistencia de las mercaderías en el stock de la empresa adjudicada con la presente licitación (Tía Chela), para cumplir efectivamente con la entrega de los 25.000 kits vendidos y supuestamente entregados a la comuna, así como los informes de la Contraloría General de la República y de la DNCP que sirvieron igualmente de sustento para la imputación.”
“Ello denota la complejidad de la causa debido a que se sospecha de que se habrían fabricado cadenas de supuesta compra venta a través de facturas e incluso utilizando proveedores ficticios o empresas de fachada”, argumentaba el Ministerio Público.
Señala de igual manera que las actividades investigativas que se están desarrollando dependen a su vez del auxilio de peritos especializados en el área contable, lo cual insume un lapso superior de tiempo al ordinariamente fijado por el ritual penal para la conclusión de la etapa preparatoria, pues el trabajo debe partir desde la obtención de los documentos originales que obran en la SET hoy Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), como en otras dependencias que actúan dentro del ámbito financiero.
