El agente fiscal especializado en Delitos Económicos, Martín Cabrera reunió suficientes elementos de sospecha acerca de la existencia del hecho punible contra la prueba documental (producción de documentos no auténticos) y presentó imputación contra 11 personas, sospechadas como responsables.
Los imputados fueron individualizados como:
Karaki Ali Mahmoud,
Merhi Fouad Kamal,
Marai Mohieddin,
Samir Abdul Hussein Soueid,
Zanir Jacob Centa,
Said Sleiman,
Ragda Ghattacs Abultaif,
Yehia Aliomeiri,
Tarif Mohamad,
Saulo José Da Silva Sousa.
Juan Manuel Alonso Oxilia y
Orlando Ezequiel Gauto Feltes.
Ésta es la cuarta imputación formulada tras la denuncia presentada ante el Ministerio Público por parte de Viceministra de Tributaciones del Ministerio de Hacienda, en la cual mencionaba que la SET pudo identificar significativas discrepancias entre las ventas consignadas en las declaraciones juradas de IVA de 13 contribuyentes (proveedores) y las compras informadas a través de las declaraciones juradas informativas de los supuestos clientes.
La presunción inicial era que las facturas invocadas por los clientes como respaldo de su crédito fiscal, son apócrifas. Estas investigaciones realizadas por la Dirección General de Grandes Contribuyentes y de Fiscalización Tributaria, permitieron llegar hasta los contadores Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez, quienes fueron imputados por asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
Los imputados son propietarios de empresas y se habrían beneficiado con créditos fiscales o con justificaciones de costos, con la presentación de las facturas de proveedores inconsistentes que respaldaban supuestas compras. Los imputados habrían utilizado las facturas apócrifas con el aparente fin de inducir al error al Ministerio de Hacienda.
En este punto, no se descartan que más personas puedan ser incluidas en la presente imputación. Unos 10 millones de dólares, fueron el perjuicio en esta causa; monto que podría aumentar, conforme a los resultados de la investigación fiscal.
El representante del Ministerio Público solicitó que el Juzgado Penal de Garantías ordene medidas alternativas de prisión para los imputados.
