El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, sigue chicaneando para evitar ser preso por el escandaloso robo de alimentos que debían ser destinados a familias pobres en pandemia. Ahora el jefe comunal rechazo a los magistrados de la Cámara de Apelaciones por que dice que son muy rápidos. Prieto y su abogado quieren un Juez a la medida para resolver el pedido de prisión domiciliaria. Mientras sigue concretando negociados y contratando a asesores con sueldos millonarios.
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, recusó a los camaristas Andrea Vera, Bibiana Benítez y Arnulfo Arias por la celeridad con la que resuelven sus recursos.
Cuestiona la rapidez con que los integrantes del Tribunal Especializado en Delitos Económicos analizan los incidentes planteados, en el proceso que soporta por un perjuicio de G. 1.769 millones mediante la compra ficticia de 25 mil kits de cestas básicas.
La recusación fue planteada el 26 de setiembre pasado y el 3 de octubre pasado recibió el expediente la secretaria de la Sala Penal, Karina Penoni.El pasado 14 de setiembre, el abogado Guillermo Ferreiro recusó al juez Humberto Otazú, el motivo responde a un vínculo de amistad del magistrado con la familia Zacarías Irún, con representación parlamentaria y que por años tuvo el dominio de la Municipalidad de Ciudad del Este. Con ello, se suspendió la audiencia de imposición de medidas.
El Ministerio Público había solicitado el arresto domiciliario del intendente y la prohibición de comunicarse con cualquier funcionario de la comuna.
POR QUE LA CHICANERIA
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia, imputaron anoche al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por el hecho punible de lesión de confianza, mediante la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familias de escasos recursos, que ocasionó un perjuicio de G. 1.769.790.000 a la comuna. La adquisición se concretó en abril de 2020, durante la pandemia del covid-19, por vía de la excepción y la beneficiada fue la empresa Tía Chela SRL. “Se habría ajustado o simulado cadena de compra-venta, en la cual había participado la firma Vanemi SA, cuya representante legal Emili Vanessa Florentín Páez, es del entorno de Prieto”, refiere parte de la imputación. Los fiscales solicitaron el arresto de Prieto y de otros 10 involucrados en el hecho.
Los otros imputados son Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.
Según la imputación, el 20 de marzo de 2020, por resolución N° 3331, la Municipalidad de Ciudad del Este, representada por Prieto, con base a un dictamen de la directora de UOC, Maggi Fariña, llamó a licitación por vía de la excepción para la adquisición de cestas básicas a ser distribuidas a familias de escasos recursos por la pandemia del Covid-19. Se designó a Sebastián Martínez y José Félix Cáceres, como miembros del Comité de Evaluación.
La firma que se presentó fue Tía Chela SRL, con una oferta de G. 2.949.650.000.
“De acuerdo a los elementos colectados por el Ministerio Público, se tendría que la empresa adjudicada no habría tenido en su inventario la totalidad de las mercaderías ofertadas a la Municipalidad para el día 23 de marzo de 2020, fecha en la cual el comité de evaluación se reunió para evaluar la oferta”, dice la imputación presentada por los tres fiscales.
Agrega que según la documentación presentada en su oferta, no obraba documento alguno que acreditara que la misma contaba con la disponibilidad material de proveer los bienes ofertados de forma inmediata. Además de que la proveedora tampoco contaba con la capacidad financiera, capacidad técnica, ni experiencia para dar cumplimiento a una licitación de un monto tan significativo. Otras cuestiones que fueron pasadas por alto por el Comité Evaluador, y que a pesar de ello, se habría expedido favorablemente respecto a la adjudicación a Tía Chela del contrato por más de G. 2.949 millones.
Por orden de pago N° 80.058 del 3 de abril de 2020, se realizó el primer pago parcial de las cestas básicas por la suma de G. 1.769.790.000 a la empresa Tía Chela SRL, por la compra de 15 mil kits de alimentos.
Según la documentación, la empresa entregó los 15 mil kits, el 27 de marzo de 2020, que habría sido recibido por el jefe de Almacenes Julián Benítez.
Sin embargo, a pesar de que la comuna habría realizado un primero pago por 15 mil kits de alimentos (primera entrega) por la suma de G. 1.769.790.000, se habría realizado una segunda entrega de 10 mil kits de alimentos el 13 de abril de 2020, según el documento firmado por Benítez, como jefe de Almacenes. De esta forma, se completó la entrega de 25 mil kits, lo cual no se ajusta a la realidad, enfatiza la imputación contra el intendente y otros.
De acuerdo a las sospechas, se habría utilizado la estructura jurídica de Tía Chela SRL de Fermín Ávalos, empresa que no tendría la capacidad financiera, técnica, ni experiencia para brindar los servicios contratados, a los efectos de justificar la erogación de los recursos del municipio para simular la compra y provisión de los alimentos, convirtiéndose el proceso licitatorio vía excepción, en un montaje documental para ocasionarle un perjuicio de G. 1.769.790.000 a la comuna de Ciudad del Este.
