El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, usa el argumento de la persecución política, que no lo puede sostener, solo para dilatar sus procesos y así buscar la prescripción. El intendente esteño se niega a someterse a la justicia, por que sabe, y muy bien, que las evidencias en su contra son irrefutables. El mismo hasta ahora no pudo desvirtuar con documentos ninguna de las denuncias en su contra. Realiza una intensa campaña con mentiras, al estilo nazi, tratando de confundir a la ciudadanía. Las mentiras siempre lo lanzan en Asunción.
El portal El Observador publico las expresiones del fiscal Silvio Corbeta quien afirmó que las investigaciones sobre Miguel Prieto y su gestión al frente de la Municipalidad de CDE no corresponden a una persecución política y cuestionó a los procesados por las constantes dilaciones a los procesos, con las que se buscaría la prescripción.
Estas causas por las cuales él fue procesado; en una de ellas tenemos que recordar ya fue acusado en la causa por la venta de kits de alimentos a la empresa proveedora Tía Chela por un perjuicio patrimonial de aproximadamente G 2.100.000.000 y un segundo proceso penal abierto, cuya fecha de requerimiento conclusivo se encuentra próxima, en el mes de octubre por un supuesto perjuicio patrimonial de G 306.000.000. En ese contexto estas causas son muy anteriores las imputaciones y los procesos abiertos en su contra son muy anteriores al lanzamiento de su precandidatura presidencial. No tienen absolutamente nada que ver con las intenciones del mismo de candidatarse a la Presidencia de la República.
Silvio Corbeta, fiscal.
La labor del Ministerio Público se basa netamente en los elementos que obran en la carpeta fiscal; es más, hasta la hasta el día de la fecha la audiencia preliminar en el caso de Tía Chela no está pudiendo ser llevada a cabo como consecuencia de las constantes recusaciones planteadas al Juez de Garantía Humberto Otazú, planteadas a la Cámara Apelaciones, que fue recientemente resuelta por la Sala Penal de la Corte.
Nuevamente la Cámara confirmó la intervención y fue nuevamente objeto a través de un recurso de casación, que esperemos que la Sala Penal de la Corte resuelva lo antes posible para poder señalar ya la audiencia preliminar, porque evidentemente el objetivo no es someterse a las resultas de los autos y a la justicia en particular, porque evidentemente con esto se busca ralentizar el proceso y como ustedes saben, en casos de corrupción, lo que se pretende en estos casos es lograr la prescripción de los hechos punibles por los cuales están siendo acusados.
Prieto dice que no hay ninguna investigación abierta ni ninguna imputación con relación a obras porque eso está regular y que hay acusaciones con relación a hechos como el tema de la pandemia de entrega de alimentos que no pueden ser corroborados porque ya se consumieron y que por eso él habla de una persecución política.
En el primer caso puntualmente ya que se en estado de acusación ya puedo hablar con relación a ese caso; no importa no tiene nada que ver que hayan sido bienes fungibles o consumibles por tratarse de alimentos, lo que se hizo fue realizar la trazabilidad de las compras, de los proveedores de la empresa que fue adjudicada con el contrato y así fue que se pudo determinar la inexistencia de mercaderías.
Este trabajo fue delegado a la SET, hoy denominada DNIT que realizó una reconstrucción de las operaciones de compraventa y así fue que se pudo determinar la existencia, no solamente de algunos proveedores ficticios, sino también de compra ficticias de estos kits de alimentos.
En ese sentido la acusación del Ministerio Público versa sobre una provisión parcial por valor de G 800.000.000 aproximadamente del monto total de la licitación que rondaba los G 2.900.000.000. Por tanto, el perjuicio para nosotros quedó en monto de G 2.100.000.000 aproximadamente, ocasionado al ente municipal y estamos a la espera de poder desarrollar la audiencia preliminar, que no puede ser desarrollada por las constantes dilaciones, recursos y planteamiento, incluso acciones inconstitucionalidad presentadas por el por el mismo intendente y por todas las personas que forman parte de su entorno, que están también acusadas en la cita a causa.
