El ex intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, destituido por múltiples hechos de corrupción, sigue siendo protegido por el manto de impunidad que tiene la Justicia en el país. Los políticos corruptos, quienes roban al pueblo, tienen privilegios, y Prieto es la evidencia más contundente. Nuevamente le dieron libertad ambulatoria, y eso que tiene 4 imputaciones. Y el exjefe comunal sigue el mismo libreto de chicanería, mentiras, al no poder demostrar su inocencia.
Una vez más, privilegiaron a Prieto en la Justicia. Le dieron libertad ambulatoria, cuando debían ordenar por lo menos su prisión domiciliaria, pero lo que corresponde realmente es que se lo envíe a una penitenciaria.
Los políticos que roban descaradamente al pueblo, como lo hizo y lo sigue haciendo Prieto, tienen la protección de quienes deberían estar impartiendo justicia.
Y después Prieto sale a decir a los medios de prensa de Asunción que es un perseguido político, cuando en realidad es un protegido político, y que la Justicia le otorga impunidad.
Una vez más, Prieto sigue con libreto de propaganda al estilo nazi, o sea, miente para justificar los hechos de robo que se le atribuyen, debido a que no tiene documentos para demostrar su inocencia.
Y esto de nuevo está sucediendo en el caso del robo del dinero de la salud pública en Ciudad del Este.
En relación a este último caso, donde una vez los documentos son contundentes sobre los negociados, en declaraciones a medios de Asunción, el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se refirió a la causa en su contra por supuesta lesión de confianza relacionada con inversiones realizadas en el Hospital Regional durante la pandemia, reiterando que no existió perjuicio patrimonial y que los fondos fueron efectivamente destinados a mejoras en el sistema de salud.
Sus declaraciones se dieron en el contexto de una audiencia en la que el juez Humberto Otazú dispuso la aplicación de medidas alternativas a la prisión.
De acuerdo con lo resuelto, Prieto deberá comparecer de manera trimestral ante el juzgado, tiene prohibición de salida del país y deberá presentar una fianza real hasta cubrir la suma de Gs. 750 millones. La causa forma parte de un conjunto de investigaciones abiertas en su contra, de las cuales, según el propio exintendente, algunas ya han sido desestimadas.
En relación con el caso específico, el Ministerio Público sostiene que existirían montos no justificados dentro de las transferencias realizadas al Consejo Local de Salud, mientras que Prieto afirmó que los recursos, que superarían los Gs. 11.000 millones fueron utilizados en equipamientos, ampliación de servicios y otras mejoras en el hospital. En ese sentido, mencionó la adquisición de ambulancias y el aumento de camas de terapia intensiva como parte de las inversiones efectuadas.
El exjefe comunal manifestó que su defensa cuenta con elementos para sostener su versión de los hechos y que buscará demostrar su inocencia en el proceso judicial. Asimismo, cuestionó la actuación fiscal y calificó la causa como parte de una persecución política en su contra.
Prieto también hizo referencia a la situación de otras personas imputadas en el mismo caso, señalando que, a su criterio, se trata de actores que participaron de buena fe en iniciativas vinculadas al fortalecimiento del sistema de salud durante la emergencia sanitaria. Por su parte, la Fiscalía deberá sostener la acusación en las etapas correspondientes, en tanto que será el órgano jurisdiccional el encargado de valorar las pruebas y determinar la existencia o no de responsabilidad penal.
