Se llevan decomisados más de 9.000 equipos de mineradoras, para procesar monedas virtuales, en cerca de 70 intervenciones, con 50 causas penales. Pero hasta el momento sin condenados, casi nadie fue procesado, y tampoco se recupero un solo guaraní por los robos de energía. Algo esta fallando. Y las respuestas lo tienen el Ministerio Público, especialmente y la administración de justicia. Siempre se informa sobre los procedimientos, pero nunca en que terminan.
Las mineradoras cometen varios hechos punibles, pero los principales son el robo de energía y las operaciones clandestinas con las criptomonedas. En el país no están autorizadas estas operaciones que muchas veces son usadas para manejar dinero de actividades ilegales y hasta para cometer estafas.
Se vienen realizando sendos procedimientos, siempre a pedido de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y es por el robo de energía. Pero no hay un solo proceso iniciado por el Ministerio Público, lo que sin duda es muy sugestivo.
Pero pese a todos los procedimientos y a las evidencias que se encuentran durante los fiscales no adoptan ninguna medida, ni en relación al robo de energía, ni sobre las actividades ilegales con el procesamiento de monedas virtuales.
Medios especializados en criptomonedas destacan la serie de procedimientos a las mineradoras, pero también destacan que son solo intervenciones, y después no hay resultados.
En base a las datos publicados y divulgados y son:
En total, se incautaron más de 9.000 de estos dispositivos en los últimos meses. Desde 2019, se llevaron a cabo 67 intervenciones a suministros conectados de manera ilegal.
Y lo que va del 2024, hasta el 30 de mayo, se han realizado 20 intervenciones de gran magnitud que se hicieron públicas.
La de La Colmena, departamento de Paraguarí, sería la número 21.
Se radicaron 50 causas penales por este tipo de ilícitos y aún no se recuperó ningún monto por el presunto perjuicio patrimonial.
De esta manera, quedó explícita una práctica recurrente de robo de energía.
Las autoridades allanaron la mayor granja ilegal de procesamiento de criptomonedas, que contaba con unos 2.738 equipos ASICs en las cercanías de la ciudad de Saltos de Guairá.
La ANDE indica que los delitos cometidos en estos establecimientos los delitos de sustracción ilegal de energía eléctrica (Art. 173), perturbación del servicio público (Art 218) y sabotaje (Art. 274), según el Código Penal paraguayo.
