No hay duda de que el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, sigue con la chicaneria, buscando tener un Juez a la medida para que atienda su caso. Entiéndase un magistrado con el cual pueda haber un “arreglo” y evitar la prisión domiciliaria que le haría perder el cargo. El imputado jefe comunal quien ante la prensa de la capital dice que es perseguido político y que se someterá a la justicia, pero en la practica no puede demostrar su inocencia con documentos y sigue dilatando su caso.
Mientras el Ministerio Público y la administración de Justicia rechazan las chicanerias del intendente Prieto, este ya tiene listo otro. Se niega a someterse a la justicia. Y si se niega a hacerlo es porque no tiene forma de demostrar su inocencia con documentos.
Es que la imputación donde se pide su prisión domiciliaria, fue en base a evidencias contundentes que muestra el escandaloso esquema que montaron para robar alimentos que debían ser entregados a familias pobres de Ciudad del Este en la pandemia por el coronavirus.
Claramente lo que quiere el intendente Prieto es tener a un Juez a la medida. Esto quiere decir que su caso sea atendido por un magistrado con el cual puedan llegar a un “arreglo” y evitar su prisión domiciliaria. Y esto no lo esta consiguiendo y por eso sigue con las chicanería.
Prieto estando en el cargo sigue concretando groseros negociados con el dinero del impuesto de los ciudadanos.
Por eso su prisión domiciliaria es casi seguro.
Para recordar el Ministerio Público investiga la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familias de escasos recursos, que ocasionó un perjuicio de G. 1.769.790.000 a la comuna. La adquisición se concretó en abril de 2020, durante la pandemia del covid-19, por vía de la excepción y la beneficiada fue la empresa Tía Chela SRL. “Se habría ajustado o simulado cadena de compra-venta, en la cual había participado la firma Vanemi SA, cuya representante legal Emili Vanessa Florentín Páez, es del entorno de Prieto”, refiere parte de la imputación. Los fiscales solicitaron el arresto de Prieto y de otros 10 involucrados en el hecho.
Los otros imputados son Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.
