Un total rechazo generó el pronunciamiento de la Asociación de Educadores del Este (AEDE), gremio que intentó justificar la presencia de la cuestionada y rastrera concejal Valeria Romero en la Escuela n.º 3.743 del barrio San Antonio. Sectores críticos denunciaron que el comunicado, firmado por Higinio Garcete, busca blanquear un abierto acto de proselitismo político y salvar de eventuales sanciones a la directora de la institución, Cinthia Martínez, quien habría obligado a los alumnos a perder horas de clase para recibir donaciones de la edil del movimiento Yo Creo.
Se calificó de «miserable» la postura del gremio de educadores, señalando que expone a los menores de edad a la manipulación política bajo el pretexto de mostrar agradecimiento a las autoridades de turno. Según la acusación, la directora Martínez no dudó en arrear a padres de familia y someter a los estudiantes al capricho de la legisladora, contando con la complicidad de docentes que ahora intentan censurar las opiniones críticas apelando a que se trataba de una supuesta «solución» ante hechos delictivos sufridos en el predio escolar.
La polémica salpica directamente a la concejal Romero, a quien sindican como una autoridad improductiva que supuestamente aprobó a libro cerrado los presupuestos y rendiciones de cuentas de las gestiones de Miguel Prieto y Daniel Mujica. Los críticos recordaron que la edil se encuentra actualmente co-procesada en una de las tantas causas penales abiertas por presunta corrupción pública en el municipio, distando mucho de la imagen de defensora de la niñez que proyectaba en sus inicios en la Codeni.
Si bien se reivindicó el derecho constitucional de los docentes a tener preferencias electorales y activar en política, los sectores indignados enfatizaron de manera tajante que dicha militancia debe ejercerse fuera del ámbito educativo. El reclamo generalizado exige el respeto irrestricto que merecen los niños dentro de las aulas, instando a las autoridades del Ministerio de Educación a sancionar de forma ejemplar a la dirección para evitar que las escuelas sigan siendo utilizadas como plataformas de campaña partidaria.
