El agente fiscal Luis Fernando Escobar, titular de la Unidad Penal n.º 7 de Ciudad del Este, formuló acusación contra 11 personas, todas de nacionalidad paraguaya. El grupo, integrado por diez hombres y una mujer, enfrenta cargos por la presunta comisión de hechos punibles de resistencia, perturbación de la paz pública, coacción grave y lesión grave. El requerimiento responde a graves incidentes ocurridos en el asentamiento Mujer Paraguaya, ubicado en el km 30 Monday de Minga Guazú en 2025.
De acuerdo con los antecedentes, los hechos ocurrieron 5 de octubre de 2025, alrededor de las 14:00 horas, en el marco de un violento conflicto entre dos comisiones vecinales locales. En esa ocasión, los acusados protagonizaron una alteración de la paz pública al congregarse portando armas blancas y objetos contundentes, generando desorden y temor. El nivel de violencia escaló de tal manera que el personal policial de la comisaría jurisdiccional resultó sobrepasado por la turba.
Durante el incidente, los involucrados agredieron físicamente a varios integrantes de otro grupo, ocasionando heridas cortantes con machete y diversos golpes de gravedad a las víctimas que se encontraban en el lugar. Al arribo de las fuerzas del orden, los procesados opusieron resistencia de forma violenta y grupal, impidiendo el cumplimiento del deber de los agentes del orden. Esta situación motivó la intervención del personal táctico del Grupo Especial de Operaciones (GEO) para lograr el control de la zona y las aprehensiones.
La Fiscalía sostiene que los procesados actuaron con plena conciencia de la antijuridicidad de sus actos, sin que medien causas de justificación como la legítima defensa. Como sustento probatorio, la representación fiscal ofrece notas y actas policiales, declaraciones testificales de las víctimas y de los efectivos intervinientes, además de filmaciones y fotografías. Asimismo, se presentan como evidencias materiales diversos machetes, barras de hierro, honditas con proyectiles y cuchillos incautados durante el procedimiento en el asentamiento.
En consecuencia, el Ministerio Público solicita formalmente la apertura del juicio oral y público para debatir la responsabilidad penal de cada uno de ellos. El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías n.º 1, a cargo de la magistrada Teresita Cazal.
