La fiscal Zunilda Ocampo, quien hace años esta en el cargo es conocida por ser protectora de “polibandis”. La misma tiene como pareja al subcomisario, Fabio Santacruz, del Comando Tripartito. La misma es igualmente es señalada por blanquear a políticos corruptos. La integrante del Ministerio Público estaba cajoneando una denuncia contra cuatros uniformados y se vio obligada a desempolvarlos luego de que dos, de los protegidos por ella, cayeron preso en Luque, por extorsión, cuando ya debían estar presos. Aquí le contamos un caso anterior el de la comisaria séptima del barrio San José, de CDE, donde policías secuestraron y extorsionaron a dos jóvenes.
De acuerdo a publicaciones de medios regionales la fiscal Zunilda Ocampos Marín, imputó por delitos menores a los cuatro policías y un civil que secuestraron, extorsionaron e incluso despojaron de su automóvil a dos jóvenes a quienes exigieron una millonaria suma para no plantarles cocaína en el vehículo.
La citada integrante del Ministerio Público en su afán de proteger a los polibandis determino que el caso no fue tan grave y premió a los uniformados corruptos con arresto domiciliario.
Con esto la cuestiona puso a los cuatro “polibandis” de “vacaciones” y siguieron percibiendo sus salarios como si nada.
Siempre en base a las publicaciones la fiscal y su asistente Romina Benítez habrían cobrado una millonaria suma a los uniformados para minimizar lo ocurrido.
Las víctimas temen por sus vidas y responsabilizan directamente a las funcionarias de la fiscalía si algo llega a ocurrirles.
Zunilda Ocampo y Fabio Santacruz
La imputación fue contra el suboficial principal Pedro Javier López Deleón, suboficial inspector Antonio Ávalos Pereira, suboficial primero Francisco Prieto Montiel y al suboficial segundo, Alcides Villalba González, por los hechos punibles contra la libertad de las personas (privación de libertad – Art. 124), Contra el patrimonio – Extorsión (Art. 185), Contra el abuso en el ejercicio de las funciones públicas – Cohecho pasivo agravado (Art. 301), todos calificados en el Código Procesal Penal como delitos.
En tanto, el presunto usurero, Fernando Daniel Ortigoza Ortigoza, fue procesado en rebeldía por los hechos punibles contra la libertad de las personas (Privación de libertad – Art. 124) y Contra el patrimonio – Extorsión (Art. 185), en carácter de cómplice.
La fiscal Zunilda Ocampos convirtió un crimen en un simple delito, escudriñó el Código Procesal Penal para minimizar la atrocidad que cometieron los agentes de la comisaría 7ª, San José de Ciudad del Este. Los imputó por delitos menores, como para no enviarlos a prisión. Sus propios colegas lamentaron su decisión y sostuvieron que, desde cualquier punto de vista, los policías cometieron varios crímenes, empezando por el Art. 186: extorsión agravada, que se encuadra en todo lo denunciado por las víctimas. Dicho artículo dice taxativamente que “Cuando la extorsión se cometiera mediante la fuerza contra una persona o mediante la amenaza de un peligro presente para su vida o su integridad física, donde se prevé un marco penal de uno a quince años de pena privativa de libertad, es decir, se trataría de un crimen porque el marco penal supera los cinco años de pena privativa de libertad”. Sin embargo, la fiscal solo los procesó por el Art. 185 (Extorsión) que es delito.
Aparentemente, la fiscal Zunilda Ocampos “se olvidó” de imputarlos también por asociación criminal, Art. 239, que expresa: “El que creara una asociación estructurada jerárquicamente u organizada de algún modo dirigida a la comisión de hechos punibles, donde perfectamente se subsume la conducta de los agentes policiales, quienes en contubernio cometieron los hechos denunciados, al momento que prestaban funciones en la dependencia policial mencionada, donde cada uno de ellos cumplía una función y la cantidad de denuncias que existen en contra del actuar de los agentes de dicha comisaría”.
La afinidad de la fiscal Zunilda Ocampos obedece a que tiene como pareja al subcomisario Fabio Marcelo Santacruz.
La información divulga en ese entonces indicaba que la fiscal Zunilda Ocampos y su asistente Romina Benítez habrían negociado con los policías denunciados y, supuestamente, cobraron una millonaria suma para no imputarlos como para meterlos presos.
Según la denuncia formal presentada ante la Fiscalía por el abogado Ramón Rodas, representante legal los denunciantes, Gabriel Ramón Prieto Medina y Víctor David Meza, quienes estaban a bordo de un automóvil Toyota Allion, color plateado, y alrededor de las 01:00, fueron abordados por agentes de la comisaría septima en inmediaciones de la parroquia San Lucas del barrio del mismo nombre. Los intervinientes llevaron a los jóvenes hasta la sede policial a punta de arma de fuego y luego los metieron al calabozo, supuestamente por violar el decreto presidencial de cuarentena sanitaria.
Allí empezaron a exigirles G. 7 millones a cambio de liberarlos y no plantar droga en el automóvil, propiedad de Prieto Medina.
Ante esa situación, uno de los jóvenes llamó a su novia, mientras que el otro a su madre, sin embargo, sus familiares no pudieron reunir el dinero requerido por los supuestos polibandis y no se pudo cerrar la “negociación”.
Las horas pasaban y como ambos jóvenes no reunían el monto estipulado por los agentes intervinientes, los propios policías llamaron al usurero Fernando Daniel Ortigoza Ortigoza, otra pieza clave del esquema de recaudación, quien empeñó el automóvil por la suma de G. 5.000.000 y liberaron a las víctimas cerca de las 04:00, con el compromiso de que debían volver más tarde para abonar los G. 2 millones que faltaban.
