El diario ABC Color publicó una serie de materiales firmado por el periodista Roque González Vera, afirmando que la comuna con Miguel Prieto Vallejos al frente pone a la deriva más de 6 mil títulos de propiedades legales, ubicados dentro de lo que sería la Finca 66. Afirman que con la anulación de todos los loteamientos que se hicieron y al realizar la mensura judicial podría generar un caos jurídico sin precedentes. El jefe comunal esconde el resultado de la mensura y esta mintiendo a las humildes familias de los asentamientos sobre la realidad jurídica de las propiedades que están en la Finca 66.
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, esta mintiendo en relación a la real situación de la Finca 66, y con sus mentiras están creando el ambiente para que estalle una crisis social sin precedentes en la capital del Alto Paraná.
Lo primero que debe hacer el jefe comunal es dar a conocer el resultado de la mensura judicial y que los abogados de la comuna sin mentiras expliquen la real situación de la Finca 66.
En 2019 el diario ABC Color publicó una serie de material sobre la Finca 66, con la firma del periodista Roque González Vera. Afirma que la comuna a cargo de Miguel Prieto esta poniendo a la deriva más de 6 mil títulos de propiedades legales
Cuestión que Prieto haya dispuesto realizar una mensura judicial y que haya anulado todos los loteamientos, abrieron las puertas para un caos jurídico sin precedentes.
Esto lo dice porque, si la mensura ubica la Finca 66, en el lado Acaray de la Ruta 02 Py (ex Ruta VII), desde la zona del km 3,500, barrio Pablo Rojas, hasta el km 7, barrio Don Bosco, quedarían anulados y así los más de 6 mil inmuebles no serían de sus propietarios, sino de la comuna.
La insólita situación que podría presentarse por la actuación del intendente Prieto tiene su inicio en la Ley 35/90 sancionada el 6 de setiembre de 1990 por la cual se expropia las fincas 66 y 13.741 en favor de la comuna de ciudad del Este. La citada ley tiene solo 3 artículos.
Se hizo una expropiación sin localización en el terreno, afirma la publicación.
Agrega que solamente mencionan los números de fincas, pero no da ninguna localización.
La Ley 35/90 fue sancionada el 6 de setiembre de 1990 e inmediatamente promulgada por el titular del Poder Ejecutivo, Gral. Andrés Rodríguez.
La publicación sigue diciendo que fue una expropiación ilegal e irregular.
La finca 66 tenía como propietarios a Tomás Rafael Salomoni, José Sardi Resk, Micaela Resk de Sardi, José María Bergotini, Lorenzo Juan Carlos Joy, Antonio Recalde Ledesma, Raúl Ignacio Brítez Britos, Felipe Salinas y Élida Paredes Barrios. La finca tenía 605 hectáreas.
La finca 13.741 figuraba a nombre de José Bittar, quién aparecía como dueño de 150 hectáreas.
En concepto de indemnización por la expropiación de 755 hectáreas, los propietarios recibieron un total de G. 40.000 millones. Este monto, en el año 1990, era igual a 38 millones de dólares. La cotización en aquel entonces era de 1.053 guaraníes por cada dólar.
La Finca 66 era propiedad de la empresa “La bananera paraguaya SA”.
Las personas que figuran como propietarias de la finca 66 son todas accionistas de “La bananera paraguaya”.
Bajo ningún punto de vista esta empresa podía ser beneficiada con tierras del Estado paraguayo dado que la legislación agraria prohibía que una sociedad anónima pudiera ser beneficiaria de la reforma agraria.
La expropiación de la finca 66 no incluía su localización geográfica y se limitaba a ordenar la desafectación, incluyendo el listado de beneficiarios con la indemnización.
El Congreso Nacional cometió el despropósito de expropiar tierras que pertenecían al Estado paraguayo y que en realidad fueron otorgadas a otros beneficiarios.
En el año 2008, la entonces intendenta Sandra McLeod inscribe la ley de expropiación en favor de la Municipalidad de Ciudad del Este, pero desiste de la intención de realizar una mensura judicial.
En la publicación de ABC Color se indica que la Municipalidad de Ciudad del Este no tiene prerrogativas legales para solicitar la mensura judicial de seis mil propiedades privadas.
Sin embargo, el intendente Miguel Prieto y la Junta Municipal utilizan la Ley 35/90 que expropia las fincas 66 y 13.741 en favor del municipio esteño para fundamentar el pedido de mensura judicial.
En otro párrafo de la misma publicación de ABC Color se afirman también que:
La decisión del intendente Miguel Prieto y la Junta Municipal de solicitar una mensura judicial pone en peligro seis mil títulos de propiedad.
La totalidad de lo que fueron las fincas 66 y 13.741 se convirtieron en seis mil propiedades menores, cada una de ellos con sus respectivos propietarios.
Ninguna de las dos fincas ya existe.
En la parte final indica que la Municipalidad de Ciudad del Este perdió todo derecho que eventualmente pudiera haber otorgado la expropiación a través de la ley 35/90; fue el mismo municipio quién autorizó el proceso de loteamiento.
Resulta un despropósito absoluto la posibilidad de reclamar derechos cuando pasaron 29 años de la promulgación de una ley que para colmo tenía graves vicios de fondo y de forma.
En el año 2008, Sandra McLeod promulgó la resolución Nº 30 que aprueba loteamientos y reconoce los títulos de propiedad y los derechos de posesión.
Ahora, Miguel Prieto anula la resolución de McLeod y pide una mensura judicial de fincas que ya no existen. Esto implica un caos jurídico en puertas.
