El informe final de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) realizada por la Contraloría a la comuna de Ciudad del Este a cargo del intendente Miguel Prieto, es evidencia suficiente para que el Ministerio Publico impute y ordene la detención del mismo. Los documentos demuestran un grave daño al municipio. El jefe comunal cometió lesión de confianza, y trató de obstaculizar la investigación tardando en responder los pedidos, cuando lo hizo, envió en forma manipulada.
El FEI tiene 103 páginas donde se detallan como el intendente Prieto y su “equipo” causaron un grave daño patrimonial al municipio. Cometió lesión de confianza que está penado con hasta 10 años de cárcel.
Hay evidencias sobre el daño patrimonial por lo que corresponde la imputación por lesión de confianza y otros hechos punibles. La detención se debe dar debido a que el mismo estando libre buscara borrar las evidencias, como ya lo hizo en la investigación de la Contraloría.
Los auditores dejan en claro que el informe final salió tarde debido a que Prieto no respondía los pedidos de informe y cuando lo hizo los envió manipulado tratando de obstaculizar la fiscalización.
Uno de los puntos fiscalizado es la compra de kit de alimentos para ciudadanos pobres durante la pandemia. La compra se hizo en forma manipulada.
Pero lo más grave es que no se sabe a quienes se dio los kits de alimentos. La distribución se hizo sin control y hasta personas particulares que nadie sabe quiénes son, pero estuvieron supuestamente haciendo la entrega de los alimentos.
Prieto dijo que entrego los alimentos organizaciones como CODELESTE, Teletón, Techo, y a organizaciones de ollas populares, pero no se pudo saber si estos a quienes dio los alimentos.
Las empresas como la despensa barrial Tía Chela, donde hizo su compra Prieto, no tienen condiciones económicas, ni experiencia para entregar alimentos por 500 mil dólares, dice la Contraloría.
El intendente Prieto uso dinero de royalties para contratar a operadores políticos y poner en los documentos que eran personal de salud.
La Contraloría claramente dice que la plata debía usarse para pagar personal de blanco y no para contratar a personal administrativo que en realidad son hurreros del jefe comunal y sus concejales rastreros.
El FEI igualmente revela que el intendente Prieto realizó transferencia de dinero a comisiones barriales que no estaban habilitadas para recibir plata. Pero en realidad las mismas nunca recibieron los cheques.
Para el colmo los pagos por las obras como la de los pozos artesianos se pagaron antes de la firma de los contratos por personas nominales en representación de empresa por Paraná Perforaciones y RC Servicios.
Los representantes de las empresas recibían la plata cobraban, y después se firmaban los contratos. Las comisiones vecinales nunca vieron la plata.
Como se puede ver hay suficiente indició de daño patrimonial, o de mejor dicho robo a las arcas del municipio donde claramente e responsables es el intendente Miguel Prieto Vallejos.
Ahora que por ver que hará la fiscalía que ya no tiene escusas para no imputar al intendente Prieto y por sobre todo ordenar su detención para evitar que siga negociando con el dinero de los contribuyentes.
