Concejales rastreros del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, pidieron ante la Junta Municipal la intervención de la Intendencia Municipal por graves hechos de corrupción, varios de ellos investigados por el Ministerio Público. Sin duda, el pedido presentado es muy sugestivo y da lugar a suspicacias. Que hay detrás de la solicitud de intervenir la administración Prieto. Es extorsión o una jugada política.
El pedido fue presentado este martes 8 en la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Ciudad del Este.
La minuta lleva la firma de:
Víctor “viatico” Torales, presidente de la Junta Municipal y socio de farra del intendente Prieto.
Pedro Acuña, socio y cuñado del intendente Prieto, considerado en la comuna como el recaudador del jefe comunal.
Sebastián Martínez, aliado político y muy cercano de Prieto. El citado fue funcionario municipal antes de ser concejal. Tiene dos imputaciones y dos acusaciones en su contra en el Ministerio Público por robo durante la pandemia.
Valeria Romero, la ex pareja de Prieto. Fue funcionaria municipal antes de asumir como concejal. Es la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, pero la misma nada entiende sobre finanzas y presupuestos. Sus dictámenes lo envían redactado desde la Intendencia Municipal.
Alison Anisimoff, ex funcionaria municipal y aliada política de Prieto. Su papa, Alejandro, es el planillero número uno de la administración municipal. La misma es considerada la concejala rastrera y chatarrera.
Sin duda hay mucho que desconfiar de este pedido de intervención que presentaron estos concejales rastreros, quienes están muy vinculados a Prieto, quien hace dos semanas no da la cara.
Miguel Prieto, donde esta..?
Poco después de haberse presentado esta minuta en el organismo deliberativo municipal en Asunción, el Ministerio Público daba a conocer la segunda acusación contra Prieto y el concejal Martínez, por robo durante la pandemia.
En el escrito presentado no se especifican casos concretos de hechos de corrupción. Se menciona que el jefe comunal tiene al menos 40 denuncias por hechos delictuales en la fiscalía y debido a esta situación corresponde pedir la intervención de la administración municipal de Miguel Prieto a la Cámara de Diputados.
Por un lado, se menciona que es una extorsión hacia el intendente Prieto quien no estaría «cumpliendo» con las cuotas a los concejales. Hay que recordar que la «lealtad» de los mismos tiene alto costo.
Por otro lado, se indica que podría tratarse de una jugada política, atendiendo a que es inminente que se ordene la prisión de Prieto por los hechos de corrupción.
