La ciudadanía esteña le bajo el pulgar al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y a sus concejales rastreros. El 90% de los manifestantes quienes acudieron a la marca por la corrupción y la impunidad fueron funcionarios municipales obligados a participar de la misma. Tras el rechazó los pobladores esperan que la Justicia actúe y ordene la prisión del jefe comunal para que no siga negociando con el dinero de los contribuyentes.
Prieto estaba anunciando que más de 30 mil ciudadanos saldrían a las calles a manifestarse a su favor. Pero no pudo reunir 3 mil personas de la cuales la mayoría eran funcionarios municipales, sus operadores políticos, trabajadores del volante quienes fueron pagados.
La ciudadanía no salió a las calles, y con esto le dio le un claro mensaje al mismo, de que están cansados de los hechos de corrupción y a la Justicia que comience a actuar.
Esto atendiendo a que el objetivo principal de la marcha era presionar al Ministerio Público para evitar nuevas imputaciones que son inminente y a la Justicia para que no ordene la prisión del jefe comunal.
Prieto y sus concejales estuvieron presionando y amenazando a los funcionarios municipales, a través de las redes sociales chantajeaban a los pocos pobladores que recibieron kits de alimentos en la pandemia a que salga a las calles.
El intendente de Ciudad del Este, afirmaba que la democracia estaba en peligro, pero quien pone en peligro a la democracia es él por no aceptar el Estado de derecho, por negarse a someterse a la Justicia.
Prieto dice que es un perseguido político, pero varios de los negociados que concreto lo hizo con exponente colorado del sector cartista.
Acusa al Clan ZI de las denuncia sen su contra en el Ministerio Público, pero quienes presentaron las denuncias son sus ex aliados políticos y sus ex asesores.
Luego de dar las espaldas a Prieto, la ciudadanía espera que la Justicia haga su parte y que se cumplas leyes del país.