El propio Miguel Prieto Vallejos, ex intendente destituido por corrupto, confirmó a la emisora La Clave sobre el pedido que hizo el Ministerio Publico a la Justicia. No se dio muchos detalles, pero todo indica que se solicitó la prisión domiciliar del mismo atendiendo a que existe la presunción de que Prieto este obstaculizando y hasta boicoteando, supuestamente, la investigación fiscal. Esta es la segunda vez que se pedide lo mismo, con el mismo argumento.
Los datos indican que Prieto afirmó que no estaba al tanto del pedido y recién este lunes 23, realizando gestiones legales en el juzgado, en Asunción, se enteró. «Cuando veo que estamos pidiendo el levantamiento del pedido de prisión consulto por qué y me informan que se da por el caso Tajy», indicó, admitiendo que pudo «olvidarse» del tema.
Sin poder defenderse, ante la contundencia de las evidencias; y muchos menos presentar documentos que puedan demostrarse su inocencia, Prieto dijo que todas estas acciones responden a un arma política que utiliza al Poder Judicial en su contra, teniendo como objetivo sacarlo de la carrera para las presidenciales en el 2028.
Pero es todo lo contrario. Abiertamente desde la Fiscal General del Estado y desde la Corte Suprema de Justicia defienden y protegen al ex intendente destituido por corrupto.
Miguel Prieto y Sebastián Martínez.
En el caso Tajy el juez de garantías Humberto Otazú fijó para el 04 y 05 de marzo la audiencia preliminar para el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, destituido por corrupto, y otros acusados por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa por presunta corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia. La citación es bajo apercibimiento.
En el caso, tanto Prieto como los demás coprocesados son acusados por los presuntos delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, conforme con la acusación presentada por el Ministerio Público.
La citación del juez es bajo apercibimiento de que las partes actúen de buena fe y sin obstaculizar el proceso.
En la causa se investiga un supuesto perjuicio de G. 306.188.500 para la Comuna, por los pagos realizados a una supuesta empresa proveedora de mercaderías, Tajy Servicios Generales, pero las mercaderías nunca ingresaron a la Municipalidad esteña, según la acusación de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez.
En el caso, a más de Miguel Prieto, están procesados Francisco Arrúa Álvarez, exdirector de Administración y Finanzas; Buenaventura Morínigo, dueño de Tajy Servicios Generales, y Emili Vanessa Florentín Páez, de la firma Vanemi SA.
También están procesados Maggi Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, exdirector de Desarrollo Social y actual concejal rastreri, y Alex Samhat, jefe de la Procesadora de Alimentos de la Comuna y administrador del contrato.
Finalmente, están acusados Higinio Acuña, jefe de adquisición y suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago, y Nelson Segovia Acevedo, tesorero municipal.
La preliminar fue suspendida en varias ocasiones, teniendo en cuenta las recusaciones y otros pedidos presentados por las defensas, en especial, el tema de que el caso debe ser juzgado en el Alto Paraná.
Prieto debe enfrentar juicio oral en el conocido caso Tía Chela, lo que ya fue confirmado por el Tribunal de Apelación Penal.
