El pedido de intervención a la gestión de Miguel Prieto Vallejos es con base en documentos que revelen cómo funcionan los esquemas de robo con las transferencias, las obras fantasmas, sobrefacturaciones, despilfarro con planilleros políticos y asesores inservibles. Prieto no muestra documentos para decir que es inocente y usa la ya muy gastada frase de “persecución política”. Sus aliados en Asunción dicen lo mismo, tratando de imponer que los opositores pueden robar el dinero público, no así los colorados. La corrupción no tiene color.
El contralor, Camilo Benítez, ya lo había dicho. “Cuando se le denuncia a Nenecho Rodríguez, es justicia; cuando se le denuncia a Miguel Prieto, es persecución política”.
La Contraloría pidió la intervención de las comunas de Ciudad del Este y Asunción. En el caso de Ciudad del Este, es por la corrupción generalizada en la administración municipal de Prieto.
El intendente de CDE sigue diciendo que es inocente, pero no muestra un solo documento a su favor. Repite una y otra vez que las denuncias en su contra son “persecución política”.
Mientras los documentos muestran la existencia de esquemas de corrupción en la Intendencia Municipal con el apoyo de los concejales rastreros.
A modo de ejemplo, podemos mencionar que solo en el rubro transferencias, que es mencionado por la Contraloría, el año pasado se chuparon 19.000 millones de guaraníes. Prieto se niega a mostrar los documentos sobre las transferencias, inclusive desacató una orden judicial.
Ni los concejales rastreros de Prieto vieron los documentos de su rendición de cuentas que fue aprobada en la Junta Municipal a ciegas, haciendo valer la aplanadora que tiene el jefe comunal.
Otro es la compra de equipos viales por 12 mil millones de guaraníes que fue manipulada, y quedó demostrado con documentos. Varios vehículos y maquinarias compraron sobrefacturados. Contrataciones Públicas ordenó que se inicie todo el proceso, pero el jefe comunal y sus concejales ya pagaron y cobraron todo.
El contralor general, Camilo Benítez, solicitó la intervención de las municipalidades de Ciudad del Este y Asunción, con base en tres informes que alertan sobre irregularidades en la transferencia y uso de recursos. El pedido se basa en la conclusión de los siguientes informes:
Informe sobre transferencia de recursos financieros a la subcomisión distrital de Ciudad del Este, en apoyo a la Navidad sustentable en el ejercicio 2023.
Examen documental sobre la composición y aplicación de los gastos de capital de la Municipalidad de Ciudad del Este correspondiente a los ejercicios fiscales 2019 al 2022.
“Este organismo superior de control ha detectado una serie de situaciones catalogadas como graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y en la administración de los bienes comunales, amén de haber tenido conocimiento público de sendas denuncias en el ámbito penal, como ser las presentadas por ciudadanos de las municipalidades afectadas por las irregularidades aludidas y dirigidas contra los actuales administradores de estos municipios, cuya gestión hoy nos ocupa, las que también entendemos deben ser tenidas muy en cuenta al momento de la toma de la decisión que corresponde”, dijo Benítez.
Durante la conferencia de prensa, el Contralor cuestionó que la Contraloría ha encontrado en los últimos años ciertos obstáculos “en el objetivo de poder luchar contra la corrupción” y en ese sentido, alertó que han enviado “más de 245 reportes de indicios de hechos punibles al Ministerio Público y lastimosamente muchos de ellos no han tenido el resultado esperado por la ciudadanía, inclusive algunos han sido desestimados”.
“Otro de los problemas que vemos recurrentes es la existencia de dos órganos dentro del marco constitucional, que en el mundo podrían no deberían coexistir, que es justamente la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas. Como ustedes saben, especialmente en Latinoamérica, las entidades de fiscalización superior fueron modelos adoptados por sistemas europeos. Algunos sistemas son parlamentarios, como son, por ejemplo, las contralorías generales, y otros sistemas son judiciales, como son los tribunales de cuentas. En Paraguay, históricamente, fue el Tribunal de Cuentas el que tenía la competencia constitucional de aprobar la ejecución del gasto del presupuesto, pero en el año 1992 este modelo de control cambió por la vigencia de la Constitución del año 1992, pues fue creada la Contraloría General de la República como entidad encargada de fiscalizar la actividad económica y financiera del Estado paraguayo”, acotó.
Agregó que con la vigencia de la actual Constitución, “se ha derogado tácitamente cualquier tipo de competencia de otros órganos, independientemente de que inclusive figuren en la Constitución Nacional, y es por ello que el Congreso ha dictado normativas o leyes que aclaran esta situación y le otorgan la exclusividad a la Contraloría para realizar la aprobación de ejecución presupuestaria”.
“Lastimosamente, a través de sendos fallos de la Corte Suprema de Justicia, estas normas han quedado suspendidas para algunos entes y la Contraloría, cuando intenta proseguir en sus investigaciones, muchas veces se encuentra con el obstáculo de que algunas autoridades alegan no tener la documentación, pues dicha documentación obra en los despachos del Tribunal de Cuentas. Ese es el caso, por ejemplo, del Tribunal Superior de Justicia Electoral, del Ministerio Público, donde han enviado inclusive notas oficiales a la Contraloría diciendo que no nos pueden dar acceso a cierta información porque dicha documentación obra ante el Tribunal de Cuentas”, complementó.
Siguió diciendo que otro de los casos muy emblemáticos “son los municipios y las gobernaciones, muy en especial dos municipios que son el de Asunción y el de Ciudad del Este. Ambos tienen esta acción de inconstitucionalidad y han remitido sus documentaciones al Tribunal de Cuentas, lo cual obstaculiza profundizar las investigaciones que hacemos en ambos municipios”.
