El Ministerio Público decidió desempolvar varias denuncias que fueron presentadas por ciudadanos, y hasta un reporte de hechos punibles que fue presentado por la Contraloría General de la República, contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos. Todos son por groseros esquemas de robo del dinero municipal y hasta de recursos del Estado paraguayo en plena pandemia. Uno de ellos es el negociado con la seccionalera cartista, María de Fátima Sartorio Vanni (FASV Import. Export). Suma el negociado con un colorado, Bernardino Florentín, ex suegro de Prieto, cuya hija ya está involucrada en el escándalo de la despensa «Tía Chela».
Miguel Prieto «comiendo»
No se pudo precisar cuántas carpetas son. Pero los fiscales dijeron que son varios casos de denuncias por hechos de corrupción que no solamente afectan a Prieto, sino a varios de sus secuaces, entre ellos el ex funcionario y ahora concejal, Sebastián Martínez.
La mayoría de las denuncias hace tiempo están en el Ministerio Público, pero recién ahora comenzaron a ser desempolvadas.
Los fiscales Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero llevaron adelante una serie de allanamientos, tras la denuncia de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, a fin de determinar la existencia de hechos penalmente relevantes y, en consecuencia, eventuales imputaciones
Con previa autorización judicial, la comitiva allanó varias viviendas tanto en Ciudad del Este como en la localidad vecina de Presidente Franco, lugares donde se reunían los miembros de las comisiones vecinales a fin de organizar la distribución de alimentos provenientes de ollas populares durante la pandemia sanitaria del Covid-19 que obligó a medidas complejas como distanciamiento social.
La denuncia, en concreto de la Contraloría Ciudadana, apunta a que entre 2019 y 2022, comisiones y subcomisiones se organizaban para cocinar ollas populares y luego distribuirlas a la comunidad, pero que las entregas como tales no se habrían realizado.
Así también fueron allanadas empresas del rubro de la construcción, en busca de elementos para avanzar en la causa. En este caso particular es en relación a la construcción de pozos artesianos y empedrados también en época de pandemia, pero que no hubo una contraprestación.
La denuncia señala que se detectó «la conformación de subcomisiones vecinales para solicitar la suma de G. 311.580.000», siendo estas comisiones integradas por un solo grupo familiar.
En particular, hacen referencia a dos subcomisiones encabezadas por la pareja Lumma, Magdalena Silva Battochi y Juan Esteban Quiroga Cañete, ambos actuales funcionarios de la comuna esteña.
Uno de los allanamientos se lleva a cabo en la residencia de Fátima Sartorio, propietaria de la empresa FASV Import Export, la mayor proveedora de alimentos escolares del Alto Paraná.
Este procedimiento fue en Presidente Franco, y la propia dueña de casa junto a su abogado atendieron a los intervinientes que vinieron de la capital del país. «Nosotros no tenemos nada que esconder, vamos a proveer todos los documentos que ellos necesiten, pero en la investigación que están haciendo, yo no fui la proveedora», afirmó Fátima Sartorio.
De acuerdo a los datos, lo que investiga la Fiscalía es la compra de alimentos para ollas populares y también la provisión de víveres en kits de alimentos no perecederos, y en el expediente de la causa existen facturas emitidas por la empresa FASV. La empresaria, sin embargo, afirmó que todo documento que requiere la Fiscalía le será entregado, ya que no existe irregularidad alguna en su empresa.
Otro de los allanamientos se realiza en el barrio San Roque, en el local de la empresa «Paraná Perforaciones», donde la fiscal Luz Guerrero fue atendida por el dueño, Bernardino Florentín. El citado es padre de Vanesa Florentín, ex pareja de Miguel Prieto y dueña de «VANEMI», proveedora de kits de alimentos en la causa conocida como «Tía Chela», y actual funcionaria municipal.
Sin embargo, en este caso la investigación es por la excavación de pozos artesianos, siempre en tiempo de la pandemia. Estas obras se hicieron a través de subcomisiones, a fin de burlar los controles de los organismos pertinentes, también con millonarios desembolsos de parte de la Municipalidad a cargo de Miguel Prieto Vallejos.
«No hay nada que esconder, todo está bien documentado, con las comisiones beneficiadas, y lo que van a hacer ahora es ir a ver si se hizo el pozo y la profundidad que está en el contrato», afirmó Bernardino Florentín a Radio Concierto.
«Ni un alfiler hemos robado, ellos (la Fiscalía) ponen siempre que es una empresa ficticia, pero Corbeta (el fiscal Silvio Corbeta) es una persona totalmente sometida a los políticos, porque coacciona, investiga hasta a mi nieto de 9 años, pide su antecedente, llama a su colegio a preguntar cuanto se paga la mensualidad», afirmó Florentín.
El fiscal Néstor Coronel por su parte afirmó que vinieron a buscar facturas, recibos de pagos y otros documentos que demostrarían los hechos punibles que están investigando sobre el intendente de Ciudad del Este. «Con estos documentos vamos a ir construyendo las hipótesis fácticas para nuestras próximas diligencias», afirmó.
La Dra. Luz Guerrero por su parte sostuvo que la virtualidad de los documentos será analizada con posterioridad, confirmando que se trata de una investigación sobre inversiones con sumas de dinero bastante altas, y donde aún no hay imputación. «Nuestro trabajo como fiscales es verificar si esos hechos ocurrieron o no, de acuerdo a lo que dice la denuncia», afirmó.
