Un nuevo revés judicial tuvo el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos. Una chicanería más fue rechazada, pero aún hay otras que presentó el jefe comunal. Todo esto para evitar someterse a la Justicia y responder por los hechos de corrupción que se le atribuyen. Este corresponde al caso de la despensa «Tía Chela». Se trata de un grosero esquema montado para robar en plena pandemia; mientras miles de paraguayos morían, ellos estaban «facturando».
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción no hizo lugar a la recusación realizada por la defensa de Miguel Prieto Vallejos, contra el Juez Penal de Garantías Especializada en Delitos Económicos, del Primer Turno, Abg. Humberto Otazú, en la causa conocida como «Tía Chela».
La defensa alega como motivo para pedir la separación en la causal prevista en el art. 50 inc. 13) del Código Procesal Penal, en la postura de que el citado magistrado «es compadre de la familia Zacarías, precisamente de la diputada Rocío Abed y su marido Justo Zacarías Irún», y «este último es enemigo declarado de nuestro defendido que es de público conocimiento y constituyendo así una grave irregularidad procesal que genera sospecha de falta de imparcialidad sobre el juez, y es causa suficiente para dar lugar a la presente recusación».
Para la representación «resulta evidente que la única intención es la remoción del Intendente de Ciudad del Este por medios no previstos en nuestro ordenamiento constitucional».
Actualmente, se ha presentado Acción de Inconstitucionalidad contra la Resolución de la Cámara de Apelación de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, no quedando aún firme la competencia del juez.
Sobre el particular, de manera unánime, la Cámara integrada por Arnulfo Arias, Bibiana Benítez y Digno Fleitas explica que ha sido constante la opinión de «los Tribunales de rechazar la pretensión, cuando provengan de una de las partes, pues la misma corresponde a la iniciativa del Magistrado, cuando no se encuentre en condiciones, por causas graves, de atender en un proceso si siente en duda su imparcialidad o independencia. Consecuentemente, no corresponde hacer lugar a la recusación formulada».
ANTECEDENTES
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez acusaron y solicitaron juicio oral al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, como líder de un esquema de corrupción que causó un perjuicio de G. 2.130.036.160, mediante una licitación, por vía de la excepción, direccionada a favor de la firma Tía Chela, propiedad de Fermín Ávalos Britos, en fecha 27 de marzo de 2020. La organización encabezada por el jefe comunal, según el Ministerio Público, estuvo compuesta por Maggi Fariña, Sebastián Martínez, Francisco Arrúa, Higinio Acuña, Cirle Alcaraz, Nelson Segovia, José Cáceres y Julián Benítez. Los citados armaron la licitación e incluso dejaron constancia de la recepción de mercaderías que nunca fueron proveídas a la Municipalidad y que consistió en 25.000 kits de alimentos.
A partir del 19 de marzo de 2020, los citados funcionarios participaron de todo el procedimiento administrativo a la elaboración de los memos y dictámenes que habilitan el procedimiento de contratación por la vía de la emergencia, realizaron las convocatorias, cursaron invitaciones, participaron de la evaluación de ofertas, de la contratación, se encargaron de todo el procedimiento de pago a la firma proveedora, y dejaron constancia de la recepción de mercaderías que no fueron proveídas por G. 2.130.036.160, acorde a lo pactado en el contrato suscrito en el cual se establecía que debían proveer 25.000 kits de alimentos por la suma total de G. 2.949.650.000, sostiene la acusación.
Con información de El Observador.
