Hasta inicios de julio pasado, el número de denuncias por robo de energía en mineradoras clandestinas sumaban 18, oficialmente, pero actualmente ya serían al menos 22. Todos los casos están cajoneados en el Ministerio Público. Y tampoco hay un seguimiento por parte de la asesoría jurídica de la ANDE a cargo del abogado, Fredy González. Existe una muy sugestiva desidia por parte de los funcionarios de la compañía estatal, al igual que los fiscales.
Según se informó oficialmente, hasta el 4 de julio, la ANDE radicó un total de 18 causas penales por sustracción de energía eléctrica. En los procedimientos se incautaron más de 9.410 procesadores de datos, 42 transformadores y conductores de diversos tipos utilizados que se abastecían con un suministro ilegal. Esto hasta los primeros días de julio, de acuerdo a las estadísticas.
Pese a los allanamientos y desconexiones, el organismo permanece en la mira de la ciudadanía. El 3 de julio pasado, el senador Enrique Salym Buzarquis apuntó que «los altos directivos de la ANDE» y «la complicidad de sus funcionarios facturan en promedio 500.000 dólares en coimas por robo de energía al pueblo paraguayo con las criptomonedas ilegales».
Aquel dato salió a la luz por declaraciones periodísticas de un propio ingeniero de la ANDE, Lucio Ortiz, mientras realizaba un operativo de retiro de transformadores ilegales…
En un comunicado, la autoridad regulatoria rechazó «categóricamente» los comentarios del legislador y dijo que «ante la gravedad de los hechos mencionados», solicitó que se impulse una investigación para que se averigüe lo denunciado. Pero no son los únicos inconvenientes que se presentaron en este último tiempo. Las empresas de minería que operan de manera legal presentaron una queja por el aumento de las tarifas de energía para el sector, cuyos costos subieron 16%.
Medios de prensa internacional especializados en el tema indican que las autoridades de Paraguay detectaron una granja de minería de Bitcoin (BTC) con conexión ilegal, en medio de la cruzada oficial para evitar el «robo de energía» y los últimos aumentos de tarifas que afectan en la industria. Con el hallazgo, sumaron unas 18 denuncias penales contra mineros.
