Es sugestivo. La fiscalía no investiga a las mineradoras de monedas virtuales. Las mismas operan en la clandestinidad. El uso de las criptomonedas en el país no está reglamentada. Los locales donde son procesados además de la clandestinidad roban energía. La ANDE ya desmantelaron varias de ellas, pero no hay un solo proceso para investigar a los mismos en el Ministerio Público.
Son varios los casos donde técnicos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) desmantelo mineradoras quienes tenían conexiones clandestinas, o sea estaban robando a la compañía estatal.
O por lado realiza una operación con monedas virtuales en la clandestinidad y además roba energía, pero no hay ningún proceso contra los responsables.
Igualmente hay casos de denuncias de robos de los equipos de las mineradoras, los casos quedaron en el opareí, y tampoco se investigo a quienes estaban manejando el establecimiento donde manejan las criptomonedas.
Sin duda es muy llamativo lo del Ministerio Público que debería de investigar a estas mineradoras.
La semana pasada la ANDE intervino otro local que era usado como mineradora, y esta robando energía. Esta estaba ubicada en plena zona urbana de Ciudad del Este.
El informe de la compañía estatal señala que después de recibir una denuncia anónima en la Agencia Regional Alto Paraná y como parte de la campaña de reducción de pérdidas eléctricas, se llevó a cabo la verificación y regularización del suministro en Baja Tensión, identificado con el NIS 2727588.
Se descubrió una conexión irregular que consistía en una derivación antes del medidor en un local ubicado en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, específicamente en la calle Cooperativa Universitaria (Villa Bancaria), a 300 metros de la Supercarretera de Itaipú, ahora Ruta Py 07.
La intervención fue realizada por funcionarios de la Sección de Pérdidas Eléctricas de Alto Paraná. La verificación contó con el acompañamiento de asesoría legal de la ANDE en la zona y el propietario, quien autorizó a los funcionarios a ingresar al local, en donde se pudo constatar que el establecimiento se dedica a la producción de monedas digitales.
La multa impuesta por daño patrimonial a la institución por el consumo de energía eléctrica no facturada, calculada de acuerdo con lo establecido por la Ley 966 y los gastos de intervención, asciende a G. 16.345.441.
