La mega estafa de 85 millones de dólares se perpetrado por “profesionales”, quienes tienen antecedentes en Latinoamérica. Pese a ellos cuatro fiscales de Alto Paraná y dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, blanquearon la estafa que se cometió contra la familia Osman. El ministro del máximo tribunal del país, Gustavo Santander, esto es intolerable. Deja una pésima imagen del país, donde no hay seguridad jurídica para los inversionistas.
El ministro de la Corte, Gustavo Santander, dice que la administración de justicia no puede tolerar la maniobra fiscal que permitió la impunidad de 10 imputados en un caso de presunta estafa de US$ 85 millones, mediante la presentación extemporánea de un pedido de prórroga extraordinaria para seguir investigando.
El Observador de Asunción, informó que tuvo acceso al documento que Santander remitió al presidente del alto tribunal, César Diesel y en el cual solicitó la auditoría de gestión en el expediente caratulado “Imad Issa Issa y otros s/ Estafa y otros”. Refiere en su escrito que en el caso se nota una “llamativa displicencia” de agentes del Ministerio Público.
El ministro considera que la presentación tardía de la solicitud de prórroga extraordinaria “constituye una grave irregularidad en el desempeño del cargo, lo cual no puede ser pasado por alto”. La auditoría recomendó que los antecedentes sean remitidos a la Inspectoría de la Fiscalía General, cuyo titular es Emiliano Rolón.
Santander agrega, que, en la circunscripción de Alto Paraná, “dicha actuación no sería un hecho aislado”, según denuncia de abogados. Manifiesta que “existirían situaciones similares” y que no se descarta que la “anomalía detectada sea una constante, que de ninguna manera puede ser tolerada por la administración de justicia”.
La Sala Penal, con votos de Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, resolvió la extemporaneidad del pedido, declaró la extinción penal y sobreseyó definitivamente a los imputados. Esta última decisión es calificada por la querella como extralimitación de los dos ministros y los fiscales aseguran que dicha solución jurídica es contraria a la ley.
En el escrito a Diesel, Santander envía los antecedentes de la actuación de la fiscala Nilsa Torales, porque la misma fue la que solicitó la prórroga extraordinaria, que le había concedido por una Cámara de Apelación de Ciudad del Este.
Sin embargo, la Sala Penal de la Corte, con votos de Llanes y Benítez Riera se revocó la decisión de segunda instancia, porque el Ministerio Público supuestamente presentó en forma extemporánea la solicitud.
Los ministros, además declararon la extinción de la acción penal y el consecuente sobreseimiento definitivo de los diez imputados, con lo cual la presunta millonaria estafa quedó totalmente impune.
Nilsa Torales, en su defensa muestra una resolución de la Fiscalía General, en la que se le designó como coadyuvante el 10 de junio de 2022 y ese mismo día presentó el pedido de prórroga extraordinaria. El pedido para la designación fue hecho por el fiscal Francisco Cabrera, quien tenía en su poder el expediente sobre estafa.
“Consideramos que la actuación fiscal constituye una grave irregularidad en el desempeño del cargo, lo cual no puede ser pasado por alto y que amerita la implementación de una AUDITORÍA INTEGRAL de la causa penal caratulada “Imada Issa Issa y otros s/ estafa y otros – Expediente 9619- Año 2021” tramitado ente el Jugado de Garantías de Hernandarias”, apuntó el doctor Santander en el pedido de auditoría que elevó al presidente Diesel.
La auditoría recomendó la remisión de los antecedentes de los fiscales Nilsa Torales, Claudelina Corvalán, Fernando Galeano y Natalia Montanía, quienes intervinieron en la causa.
