No paso 24 horas para que el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, vuelva a chicanear y de esta manera seguir trabando sus procesos penales por hechos de corrupción. El jefe comunal se niega a someterse a la justicia debido a que las evidencias en su contra son contundentes. Es muy sugestivo que el jefe comunal pone traba con el solo objetivo de dilatar los casos para no responder por los robos que se registraron en su gestión y donde él está procesado.
Fran Arrua y Prieto. Ambos imputado. Una joda.
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto manifestó estar dispuesto a someterse a la justicia en la causa que investiga un perjuicio patrimonial superior a los 306 millones de guaraníes, sin embargo, puso énfasis en un conflicto de intereses por parte del juez de Garantías Humberto Otazú y su cercanía a los Zacarías
El jefe comunal refirió haber ordenado a su equipo jurídico a no poner obstáculos a la realización de la audiencia preliminar, finalmente suspendida por la recusación de Higinio Ramón Acuña al magistrado
Consultado con respecto a la actuación de los órganos de justicia en dicha causa en particular, Prieto evitó referirse a la representación fiscal, no obstante, dirigió sus críticas a la intervención de Humberto Otazú, hoy recusado.
“No podría hablar mucho de la Fiscalía, pero sí este juez tiene conflicto de intereses, él (Otazú) le debe el cargo a los Zacarías que son enemigos políticos declarados míos, tranquilamente podría recibir orden por parte del director General de la Itaipú, o un Javier Zacarías para fallar de alguna u otra manera, no me sorprendería”, recalcó en contacto con El Observador Radio TV.
ANTECEDENTES
En el expediente queda pendiente una acción de inconstitucionalidad planteada por uno de los procesados, pero debido a que esta acción no tiene efecto suspensivo, el proceso sigue su curso y se pudo establecer la fecha para esta diligencia.
Según la investigación del Ministerio Público, Prieto habría encabezado un esquema diseñado para el desvío de recursos de la comuna esteña.
Miguel Prieto y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, cuando eso director de Administración y Finanzas, hoy secretario general, están acusados por Lesión de Confianza, Administración en provecho propio, ambos en calidad de coautores, y de Asociación Criminal en calidad de autor para Miguel Prieto y para Francisco Arrúa, en calidad de coautor.
También están acusados Buena Ventura Morinigo, propietario de Tajy Servicios Generales (proveedor adjudicado), Emili Vanessa Florentín Páez, representante Legal de la firma Vanemi SA (subproveedor de Tajy), accionista de Vanemi y primo de Emili; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de UOC, Sebastián Martínez Insfrán, exdirector de Desarrollo Social y actual concejal; Alex Samhat, jefe de la Planta Procesadora de Alimentos de la Municipalidad de CDE y administrador de contrato.
Asimismo Higinio Ramón Acuña, Jefe de adquisición y suministros de la Municipalidad; Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Encargada de Órdenes de Pago de la municipalidad; y Nelson Alexis Segovia Acevedo, Tesorero de la Municipalidad; todos ellos por Lesión de Confianza, Administración en provecho propio, ambos en calidad de cómplices, y de Asociación Criminal, en calidad de coautor.
