Mientras las viviendas de la Itaipú como la que tenía Manuel Lugo Garcete, uno de los dueños de Daruma Sam S.A. (Aposta.La) son vendidos en 300 mil dólares, a la Binacional se les paga menos de 100 millones de guaraníes por las mismas. El negocio que se hace con las casas de la Entidad comenzó a tener relevancia tras las denuncias de que la senadora, Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) vendió o transfirió la que tenía en 160 mil dólares. Pero todos lo hacen en Ciudad del Este. Pero lo grave e ilegal es que la legisladora omitió esto en su DD.JJ.
Manuel Lugo y su esposa Luz Fernanda
La casa de Itaipu que tenía uno de los propietarios o socio de Daruma Sam S.A. (Aposta.La) en el Area 4, de Ciudad del Este, fue vendido o se cedió los derechos en 300 mil dólares. Hicimos las averiguaciones y nos informaron fuentes de la propia Binacional que por las casas de la Entidad se paga a la Itaipú menos de 100 millones de guaraníes, esto los que están en el Area 4.
O sea, se paga a la Itaipú menos de 100 millones de guaraníes, y después se vende en 300 mil dólares en el caso de Lugo Garcete, que hay recordar fue acusado de ser parte de un esquema de lavado de dinero y otras actividades ilegales junto a sus socios de Aposta.La.
No se sabe cuando se le pago a la Itaipú, por la residencia que la senadora, Paredes, vendió o transfirió por 160 mil dólares. Pero todos afirman que la legisladora vendió barato su casa, atendiendo a que allí tiene un costo de hasta 400 mil dólares.
Manuel Lugo después de vender o transferir sus derechos, en 300 mil dólares, fue a vivir con su esposa Luz Fernanda Riquelme Galeano (de la familia del ex diputado, Julio César Riquelme, quien fue asesinado estando en el cargo), en el exclusivo complejo del Paraná Country Club de Hernandarias.
Pero tras mudarse Manuel, él y sus socios de Aposta.La comenzaron a invertir en la compra de propiedades en dicho sector de Ciudad del Este, que esta entre el Area 4, 3, barrio Boquerón II. Tienen dos edificios de apartamentos y salones comerciales, además del complejo textil de UTEX (UX) que es donde suele hacer oficina Manuel y su esposa Luz Fernanda. Esta además La Huerta de Josué, recientemente compraron la propiedad que era de Tecnoedil.
Sobre la vivienda que transfirió o vendió la senadora Yolanda Paredes, quien esta alejada de Paraguayo Cubas, la misma hizo lo mismo que muchos de los que tenían casa de la Binacional hicieron. Son muy pocos los funcionarios o ex funcionarios quienes siguen en las casas de la Binacional.
La senadora de Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, admitió haber transferido los derechos de ocupación a un tercero. Además, sostuvo que este tipo de operaciones sería habitual dentro de las áreas habitacionales de la entidad y reconoció que los ingresos obtenidos no fueron consignados en sus declaraciones juradas. La llamada “posesión” suele derivar de ocupaciones de hecho o asignaciones administrativas, pero eso no otorga un título de propiedad transferible. Quien ocupa o utiliza el inmueble no tiene un derecho legal pleno para venderlo o cederlo de forma onerosa.
Sobre la residencia de la legisladora supuestamente la información comenzó a circular en grupos de WhatsApp de funcionarios de Itaipú documentos que de confirmarse comprometerían a la senadora Yolanda Paredes, esposa de Paraguayo Cubas, pues expondrían una serie de operaciones económicas vinculadas a un inmueble propiedad de la Binacional, que no habrían sido reportadas ante los órganos de control.
La controversia nace en un presunto contrato de cesión onerosa de la posesión firmado en 2022, mediante el cual se habría comercializado un derecho sobre una propiedad estatal que, por su naturaleza, no es de libre disposición privada ni cuenta con un marco legal que habilite su venta.
El supuesto documento detalla que, tras una ocupación de hecho en terrenos de la binacional, Paredes habría pactado un esquema de pagos en cuotas que se extendió hasta junio de 2024. Lo que agrava la situación es que una parte importante de estos cobros se habría percibido mientras la legisladora ya se encontraba en ejercicio de su cargo público, tras asumir su banca en junio de 2023.
A pesar de la existencia documentada de este contrato y el flujo de dinero derivado de él, las declaraciones juradas presentadas ante la General de la República no registran el inmueble, la operación financiera ni los ingresos percibidos, lo que configura una omisión directa de sus obligaciones legales como funcionaria.
Desde el punto de vista jurídico, se podría advertir que en 2022 no existían disposiciones que permitieran la venta o cesión económica de este tipo de ocupaciones, reforzando la tesis de que se transaccionó un bien público sin habilitación legal.
Un eventual cruce de datos evidenciaría una inconsistencia patrimonial objetiva: existen ingresos documentados por la vía contractual que no tienen un correlato en el patrimonio declarado oficialmente.
De confirmarse el caso, el mismo se perfila como un tema de alto interés público que amerita la intervención de los órganos de control para esclarecer el destino de los fondos y la legitimidad de una operación que, hasta el momento, carece de justificación en los registros del Estado.
