Los registros contables de la firma Midi Star S.A. (Mario Cel) indican que las ventas de la firma comercial en 2022 fueron por G. 79.136 millones; esta cifra trepó en 2023 para 207.433 millones de guaraníes. Un aumento de casi el 200% en plena crisis comercial. Todos son mercaderías del régimen de turismo, de acuerdo a los balances que presentó Hicham Abdul Aziz Moussa, quien a su vez está siendo investigado por evasión y lavado de dinero, y ser parte de un esquema de financiamiento a grupos terroristas.
Auditores de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) intervinieron en la citada firma Midi Star S.A. (Mario Cel) en el marco de la operación «Tujami» que desbarató un esquema de falsificación de facturas por unos 200 mil millones de guaraníes.
Los auditores ya detectaron que la firma vendió mercaderías exentas a contribuyentes inexistentes por más de 62 mil millones de guaraníes.
Uno de los principales compradores es un operador de maquinarias que estaba sin empleo cuando hizo la descomunal compra por más de 53 mil millones de guaraníes.
Pero hay mucho más. Las ventas de Mario Cel tuvieron un extraordinario aumento en plena crisis comercial. Cuando todos los comerciantes se quejan de la escasa venta por la pérdida del poder adquisitivo de los brasileños, desde 2023, y pasando en 2024.
En 2022, el negocio de Abdul Aziz Moussa fue por unos 79 mil millones de guaraníes. Para el 2023, esta cifra ya aumentó a 207.000 millones de guaraníes.
Sin duda es un salto extraordinario.
Pero hasta el momento no hay una explicación documentada sobre esto, lo que hace suponer que hay un esquema de lavado de dinero mediante simulación de ventas.
Mientras la DNIT está investigando el gigantesco esquema de evasión, saltan informes confidenciales sobre Hicham y Ahmad Abdul Aziz Moussa, quienes son señalados de ser parte de un esquema de lavado de dinero y financiamiento a grupos extremistas islámicos del Líbano.
Ahora se espera que la DNIT divulgue su informe final sobre la auditoria que hicieron en el mencionado negocio.
¿Y qué está haciendo el Estado sobre los informes confidenciales sobre lavado de dinero y financiamiento a grupos terroristas?
