Sin duda, en la República del Paraguay, y en particular con el Ministerio Público a cargo de Emiliano Rolón, hay una justicia selectiva. El caso de la grave denuncia de lavado de dinero y usura contra la Universidad de la Integración de las Américas (UNIDA) es un ejemplo de esto. Hay una sugestiva dilatación en la fiscalía. Hasta el momento, solo uno de los directivos, Diego Blas Fernández Espinoza, está imputado, pero no su esposa María Alessandra Gugliotta Ascoli.
El caso de la UNIDA. Medios de prensa de Asunción, entre ellos Paraguay Urgente, indican que desde hace más de 15 días intentan contactar con el fiscal de la causa, Francisco Torres, y el adjunto Augusto Salas Coronel, sin respuesta.
La imputación por usura de Diego Blas Fernández Espinoza, quien es presidente de la Sociedad de Enseñanza Superior S.A., entidad jurídica de la Universidad de la Integración de las Américas (UNIDA), quien fue viceministro de Salud en Perú, destituido por hechos de corrupción en el 2007, es preocupante; según fuentes, este caso es solo la «punta del ovillo» de redes influyentes de nuestro medio.
Si se destapa, probablemente caería la institución educativa y sus principales «benefactores».
Hay muchas preguntas sobre el caso:
¿Por qué la dilación?
¿Qué esconden?
Para el «republicano» fiscal general Emiliano Rolón Fernández, quizá «todo marcha bien», pero para los comunes, es un declive constante su gestión en el Ministerio Público.
Sin duda, en nuestro país, el Ministerio Público opera con doble rasero: extrema cautela contra los influyentes, pero velocidad fulminante contra los ciudadanos comunes. Mientras investigaciones de «poderosos» se estancan bajo excusas de «investigación en curso», mientras del otro lado enfrentan imputaciones exprés y prisiones preventivas en un abrir y cerrar de ojos.
¿Justicia igualitaria o protección selectiva?
